SEÑOR DIRECTOR:

La propuesta de establecer consecuencias para las autoridades que den positivo en controles de drogas abre un debate necesario para el país. Quienes ejercen cargos públicos deben responder a estándares de probidad y transparencia. Sin embargo, la discusión debe abordarse con cuidado, porque el consumo de drogas es, principalmente, un asunto de salud.

Un examen de pelo puede detectar la presencia de una sustancia dentro de una determinada ventana temporal. Sin embargo, no permite establecer por sí solo si se trató de un consumo aislado, frecuente o si existe dependencia.

Si el país quiere considerar incompatible cualquier consumo ilícito con el ejercicio de un cargo público, es adecuado que esto se discuta con altura de miras. En ese marco, no debieran desprenderse sanciones automáticas por un resultado, si no hay confirmación, contramuestra ni garantías de debido proceso.

Las recientes renuncias han expuesto esa debilidad, ya que se conoce públicamente el resultado inicial, antes del procedimiento para confirmarlo. La persona queda asociada al consumo, mientras la ciudadanía carece de información suficiente.

La probidad exige controles rigurosos, pero también reglas claras y prudencia. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir una herramienta científica en un juicio moral y de aumentar el estigma sin mejorar la transparencia ni la probidad.

Natalia Riffo Alonso

Psicóloga. Ex directora nacional de Senda