SEÑOR DIRECTOR:

Cada vez son más las voces provenientes del mundo escolar que advierten sobre los problemas generados por la creciente burocracia y numerosas exigencias administrativas, muchas de las cuales se asocian a la ejecución y seguimiento de protocolos de convivencia escolar.

Estas obligaciones sobrecargan la labor de directores y docentes, dificultando la resolución efectiva de los conflictos al interior de los establecimientos.

Pese a ello, observamos con preocupación cómo avanza en el Congreso el Proyecto de Ley de Convivencia Escolar. Bajo el argumento de enfrentar un problema real, éste pretende, una vez más, introducir nuevos y desgastantes requerimientos sobre los colegios, sin considerar la entrega de recursos adicionales ni fortalecer las atribuciones de los directores. Estas medidas sólo contribuirán a dilatar la respuesta a las problemáticas existentes.

La iniciativa, ya aprobada por la Cámara de Diputados, está siendo discutida en la Comisión de Educación del Senado, que acaba de posponer la votación en particular para extender el plazo de indicaciones. Esperamos que en esta instancia se analice con cautela, poniendo el énfasis en desburocratizar procesos y devolver a los directores las facultades necesarias para custodiar el buen trato y resolver los conflictos, distinguiendo con claridad de aquellos casos que requieren de la intervención de la Superintendencia u otro organismo externo. De lo contrario, sería preferible no perseverar en una ley que no sólo no resolverá los problemas de convivencia escolar, sino que además entorpecerá la respuesta oportuna a ellos y desgastará y distraerá a los directores de su tarea esencial, que es educar.

M. Paz Arzola, M. Teresa Romero, M. Paz Larraín, Magdalena Plant, Catalina Laage, Trinidad Montes, Bárbara Streeter, Tomás Ariztía