SEÑOR DIRECTOR:

La gravedad e indiferencia de recientes delitos cometidos por adolescentes contra otros adolescentes y niños solo puede generar rechazo. Estas conductas lamentablemente no son nuevas. Recuerdan otras, como la de la muerte de una pequeña niña en el contexto de un robo (“encerrona”) cometida por dos adolescentes y un adulto que después llevó a dictar una ley que aumentó las penas. Esta vez, la reacción política reclama tratar como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años.

Es evidente que el sistema está fallando, pero la iniciativa olvida o ignora al menos tres cuestiones: 1) el régimen de responsabilidad penal actual sí distingue tramos de edad (14 y 15 años/16 y 17 años) para establecer respuestas diversas; 2) la propuesta supone volver atrás, a una modalidad de responsabilidad vigente en Chile hasta 2007, y con efectos no precisamente positivos; y 3) poner el foco en un mero aumento de penas o agravación de exigencias punitivas llega tarde, cuando el delito ya se realizó (vidas que ya se perdieron).

La prevención es básica y luego, cuando se comete un delito, el castigo ha de ser idóneo y real. Ha fallado la prevención y la sanción. La iniciativa solo mira esta última, tardíamente, y con una propuesta que retoma un sistema derogado por los graves riesgos de desocialización de los adolescentes integrados con adultos delincuentes. El aumento de penas no sirve si la persecución es irregular o ineficiente y la sanción finalmente no se aplica.

Una nueva ley enfocada en la consecuencia final y que mantenga esos vicios se limita a efectos meramente simbólicos, con una población frustrada ante la nula respuesta. Se ha de combinar una acción preventiva con un sistema que permita imponer castigos reales, proporcionados y adecuados. Sancionar mejor no es castigar más, especialmente si es en un mero mensaje.

Tatiana Vargas Pinto

Académica de la Facultad de Derecho

Universidad de los Andes