SEÑOR DIRECTOR:

Para muchos chilenos, el mundo rural sigue asociado a tranquilidad, naturaleza y descanso. Esa imagen idílica se refuerza cada verano, cuando miles de familias se desplazan al campo, la playa o la cordillera. Sin embargo, detrás de esa postal existe una realidad mucho más compleja.

El Chile rural alberga al 25% de la población y concentra cerca del 20% del PIB nacional, pero enfrenta una profunda inequidad territorial frente al mundo urbano. La falta de conectividad, el acceso limitado a servicios y, especialmente, el aumento de la criminalidad se ha convertido en problemas urgentes para quienes viven todo el año en estas comunas.

La expansión de la criminalidad organizada ya no es exclusiva de las grandes ciudades. Entre 2018 y 2024, 34 de las 76 comunas rurales de la macro zona centro registraron alzas superiores al 100% en delitos asociados a armas. Comunas extensas, como San Pedro de Melipilla —con 800 km²— deben enfrentar esta realidad con una fracción de los recursos policiales y municipales disponibles en zonas urbanas mucho más pequeñas.

Esta realidad obliga a pensar soluciones distintas: mayor inversión, integración tecnológica, uso de drones, cámaras, inteligencia artificial y coordinación multinivel. Hoy, las 18 comunas rurales de la Región Metropolitana juntas cuentan con menos presupuesto que una sola comuna urbana como Las Condes, que invierte tres veces más por habitante.

El próximo gobierno tiene un desafío ineludible: incorporar a las comunas rurales de manera transversal en las políticas de seguridad, transporte, salud y educación. No pueden seguir siendo tratadas como una extensión del país urbano.

Chile debe dejar de mirar su ruralidad solo como destino de vacaciones y asumirla como lo que es: un motor económico, social y cultural que exige respuestas urgentes, diferenciadas y justas.

Christian González Toro

Director ejecutivo

Asociación de Municipios Rurales de Chile “AMUR”