SEÑOR DIRECTOR:

El reciente aumento en los precios de los combustibles —el mayor en 46 años— ha generado comprensible inquietud en la ciudadanía. Sin embargo, es clave no perder de vista su origen: la guerra en Medio Oriente ha tensionado el mercado internacional del petróleo, elevando su valor de forma abrupta. Chile, que prácticamente no produce crudo, depende de su importación, por lo que este encarecimiento responde mucho más a factores externos que a decisiones del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Las cifras son contundentes. Un alza de $370 por litro en la bencina y de $580 en el diésel no solo golpea a los automovilistas, sino que impacta toda la cadena productiva, especialmente el transporte de alimentos. Culpar a la autoridad local no sólo es impreciso, sino que desvía el debate de lo esencial: cómo enfrentar un shock que no controlamos.

En ese contexto, resulta necesario revisar el impuesto específico a los combustibles. En una situación extraordinaria como la actual, mantener intacta esta carga tributaria sólo profundiza el impacto en las familias. Una reducción o suspensión temporal, al menos mientras dure el conflicto, parece una medida razonable para aliviar el bolsillo de los chilenos frente a una crisis que, claramente, no hemos provocado.

Iván Olguín

Periodista y cientista político