SEÑOR DIRECTOR:

Mucha polémica ha generado la norma recientemente aprobada en la Comisión de Medio Ambiente del Senado que indemniza al titular de un proyecto de inversión por los gastos en que hubiera incurrido cuando se anula una RCA favorable.

¿Cuál es el problema que se busca corregir? El retraso en la construcción de proyectos. Un proceso de impugnación de una RCA puede demorar en promedio más de 4 años si pasa por las 3 etapas existentes (Comité de Ministros, Tribunal Ambiental y Corte Suprema). En grandes proyectos de inversión, buena parte de esos 4 años son perdidos: el titular retrasa la construcción pudiendo haberla iniciado, lo que posterga a su vez la recaudación para el Fisco y la creación de puestos de trabajo para las personas.

La propuesta del Ejecutivo está bien orientada: riesgos remotos con efectos sistémicos relevantes se pueden beneficiar de una lógica de seguros. Según datos que hemos levantado en Pivotes, en los últimos 13 años, menos de un 2% de la inversión aprobada se ha invalidado, pero ese riesgo ínfimo está generando los efectos sistémicos ya indicados.

Es posible avanzar a un sistema donde titulares y Estado compartan los riesgos y beneficios de construir con procesos judiciales pendientes. La propuesta no es perfecta, traspasa todos los riesgos al Estado, y eso se puede corregir, por ejemplo, incorporando una prima de cargo del titular. Junto con eso, la norma podría tener un período de vigencia después de la cual sea revisada en base a sus resultados. Pero es fundamental comprender el problema que se busca resolver y estar abiertos a ideas innovadoras para corregirlo, pues las que se han implementado hasta la fecha no han dado resultados.

José Antonio Valenzuela

Pivotes