SEÑOR DIRECTOR:

La posición expresada en su carta por la Fundación Jaime Guzmán no sorprende; confirma lo que ese sector ha planteado durante toda la tramitación del proyecto Chile Cuida. Lo que presenta como dificultades son, en realidad, las condiciones que permiten que Chile pase de una oferta dispersa a un sistema ordenado, coherente y con capacidad real de expansión.

La ley institucionaliza y da continuidad a una oferta que hoy existe fragmentada, estableciendo la universalización progresiva de la Red Local de Apoyos y Cuidados en todas las comunas. Este proceso partirá con las personas con dependencia severa y la propia ley habilita su ampliación a otros grados de dependencia. Se trata de un avance concreto y necesario para un país que envejece aceleradamente y donde las familias han debido asumir estas tareas en soledad durante demasiado tiempo.

Tampoco es correcto afirmar que se excluye al sector privado. La ley se construye sobre la corresponsabilidad social, entendida como la colaboración entre el Estado, las familias, la comunidad y los privados. En ese marco, el sector privado es parte de la nueva institucionalidad, de la gobernanza y de la articulación territorial. La única regla, la misma que rige en toda la política social del Ministerio de Desarrollo Social, es que cuando se usan recursos públicos para cuidados, estos no pueden ejecutarse con fines de lucro. Eso no significa cerrar puertas, sino garantizar calidad, transparencia y buen uso de los recursos del Estado.

Que un sector político prefiera otro modelo es legítimo. Esta diferencia responde a concepciones distintas sobre el rol del Estado y la organización social de los cuidados, no a una falta de contenido del proyecto. Chile Cuida avanza hacia un derecho social y una responsabilidad compartida, no hacia un mercado donde las familias quedan solas.

Lo que está en juego es precisamente esa definición, y es lo que el Congreso debe resolver.

Javiera Toro

Ministra de Desarrollo Social y Familia