SEÑOR DIRECTOR:

Nadie discute que todo acto de violencia debe ser condenado, ya sea social o penalmente. Pero en su justa medida.

Los hechos ocurridos recientemente en la Universidad Austral, donde un grupo de estudiantes arrojó agua, empujó e insultó a viva voz a la ministra Ximena Lincolao, son reprochables, no por tratarse de actos de violencia extrema, sino porque implican una agresión dirigida contra el Estado.

Sin embargo, haber pretendido imponer la prisión preventiva a los tres involucrados fue un exceso difícil de justificar, que afortunadamente tanto el derecho como la justicia no toleraron.

Importante resulta recordar a la ciudadanía que el delito imputado, atentado contra la autoridad, se sanciona no por casualidad con penas que se ubican en el tramo más bajo de las establecidas por la ley, sino en atención a la gravedad de la conducta, pudiendo incluso esta pena sustituirse por multa, y que, aun en el peor de los escenarios, dada la irreprochable conducta anterior de los imputados, estas se cumplirían en libertad en caso de condena.

Por eso, haber sostenido que los imputados constituían un peligro para la seguridad de la sociedad fue, sin duda, un acto meramente instrumental y difícil de sostener con seriedad, más aún viniendo de un Ministerio dirigido por una exfiscal. Porque cuando se pretende desdibujar los límites, se corre el riesgo de normalizar respuestas desproporcionadas.

Nelson Salas Stevens

Abogado penalista