SEÑOR DIRECTOR:

Con el inicio del nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, nos encontramos expectantes ante la posibilidad de cambios significativos en materia de justicia y seguridad. En particular, miramos con interés la reforma constitucional que aborda la gobernanza judicial, al separar las funciones jurisdiccionales y administrativas dentro del Poder Judicial, así como los avances en la protección de quienes formamos parte del sistema de justicia como también de sus usuarios.

Sin embargo, también es necesario poner de relieve la compleja crisis que enfrentan actualmente nuestros tribunales en el país. Esta realidad no es reciente; las dificultades que afectan el trabajo de los juzgados se arrastran desde mucho antes de la pandemia de 2020, pero se han visto acentuadas ante la avalancha de 86 leyes promulgadas desde 2016, sin los recursos necesarios para su implementación efectiva, lo que ha generado una sobrecarga principalmente en los tribunales laborales y de familia.

Lejos de tratarse únicamente de un problema de gestión o de carga administrativa en la judicatura, lo que hoy enfrentamos tiene un carácter estructural. La falta de condiciones adecuadas para el funcionamiento del sistema judicial no solo incide en el trabajo de magistrados y magistradas, sino que también repercute en la capacidad de los tribunales para entregar respuestas oportunas a quienes acuden a ellos.

Ante este complicado escenario, creemos imperativo reorientar la política pública hacia el fortalecimiento de este poder del Estado, priorizando la asignación de recursos adecuados que permitan no solo la modernización de las instituciones, sino también un enfoque centrado en las personas. Resulta complejo ver proyectos de leyes que fortalecen tribunales que llevan más de tres años en el Congreso Nacional y observar cómo estos no son suficientes para superar esta crisis estructural. No hay duda de que las leyes son relevantes, pero se requiere implementarlas eficientemente. Solo así la ciudadanía podrá dejar de tener desconfianza en los tribunales.

Mariela Hernández

Presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados