SEÑOR DIRECTOR:

El plan de reforzar nuestra ya inhóspita frontera por medio de barreras físicas no es nuevo. Ya en 2017 el gobierno de la Presidenta Bachelet anunció la excavación de zanjas en 13 pasos fronterizos no habilitados, con el fin de impedir delitos como el narcotráfico, el robo de vehículos y el ingreso y salida irregular de personas. Sin embargo, los ingresos irregulares por paso no habilitado siguieron en aumento, teniendo su máximo histórico el 2021, para luego disminuir progresivamente, sin que se haya excavado una nueva zanja.

Esta semana, el Presidente Kast presentó, con el desierto, militares y excavadoras de escenario, el Plan Escudo Fronterizo, con el que promete “construir un Chile soberano”, logrando un “cierre total de la frontera a la inmigración ilegal”. Este plan incluye, entre otras medidas, la excavación de zanjas. La promesa recuerda a la del primer periodo de Trump, quien con una muralla terminaría con la inmigración irregular. Esta no sólo no funcionó, si no que en su segundo mandato decidió cambiar la estrategia y enfocar el impulso en la creación de una policía, de cuestionada legalidad, para deportar a aquellos migrantes que habrían logrado “saltar la muralla”.

La persistencia de estas iniciativas plantea preguntas sobre sus objetivos, en tanto parecen tener un mayor efecto como señal de acción, que un impacto real en las dinámicas migratorias, las que responden a múltiples factores (económicos, políticos y humanitarios, entre otros) que difícilmente pueden abordarse de manera eficaz mediante soluciones exclusivas de control fronterizo.

Paula Badilla Aceituno

Coordinadora Centro de Estudios de Política Internacional, U. Central