SEÑOR DIRECTOR:

La discusión del Presupuesto 2026 está hoy trabada por la incertidumbre sobre el reajuste del sector público. El proyecto considera una provisión de casi US$ 616 millones, muy por debajo de reajustes recientes cercanos a los US$ 2.000 millones; y sólo para mantener el poder adquisitivo, considerando la inflación esperada y el 1% adicional de cotización previsional, el costo se empina por sobre los US$ 700 millones. No extraña que la oposición exija definir y transparentar la cifra: la brecha no está reconocida explícitamente en el erario.

Además, el gobierno optó por no inflactar el Subtítulo 21 (gasto en personal), construyendo una línea base artificialmente baja, y ha insinuado cubrir el mayor gasto con “holguras naturales”, demoras en contrataciones del próximo gobierno y provisiones genéricas del Tesoro. Eso no es rigor presupuestario, sino trasladar un compromiso permanente a la administración siguiente, apostando a la inercia y a la ineficiencia futura.

Lo más grave del asunto es que aquí se revelan incentivos totalmente desalineados. El gobierno actual compromete, mediante una ley de reajuste, un gasto futuro que no presupuesta con transparencia, dejando la bomba lista para que estalle en manos de su sucesor. Esto no es sano para la disciplina fiscal ni para la gobernabilidad.

La salida responsable, por tanto, no es fijar un número “a la rápida” para destrabar la tramitación, sino acordar un marco común y verificable: cuánto permite gastar la regla fiscal, cuánto cuesta cada punto de reajuste (incluida la mayor cotización) y qué parte de ese costo está efectivamente financiada en el Presupuesto 2026. Sólo sobre esa base tiene sentido negociar con los gremios.

No se trata de oponerse al reajuste ni de debilitar la negociación colectiva, sino de proteger la credibilidad de la política fiscal y la gobernabilidad del próximo gobierno. Un presupuesto que esconde el verdadero costo de las decisiones de hoy es, al final, una amenaza para las finanzas públicas y para los servicios que la ciudadanía espera.

La predicción es clara: este procedimiento, de no corregirse, terminará forzando a relajar aún más la meta de balance estructural o a desviar “provisiones del Tesoro” que hoy se necesitan para inversión y programas sociales. De una u otra forma, el presupuesto quedará desfinanciado y se estrechará el espacio para las políticas que la ciudadanía demanda.

Mauricio Villena

Decano Facultad de Administración y Economía UDP