SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre Inteligencia Artificial ya está instalada en el Congreso. El proyecto chileno adopta una lógica cercana a la europea: regulación preventiva, categorías de riesgo y obligaciones diferenciadas para intervenir antes de que la tecnología afecte derechos fundamentales. No se trata solo de permitir o prohibir, sino de fijar reglas de entrada y permanencia en el mercado.

En contraste, Estados Unidos ha optado por otra estrategia. Más que un gran marco regulatorio uniforme, prioriza acelerar capacidades: infraestructura, inversión y liderazgo tecnológico. El foco no está en clasificar riesgos ex ante, sino en ganar escala y consolidar su posición en la carrera global.

En ese escenario, Chile enfrenta una tensión evidente. Un marco exigente puede elevar estándares y generar confianza, pero introducir costos si no existe capacidad estatal suficiente para aplicarlo con consistencia. Regular como Europa sin innovar como EE.UU. podría dejarnos con altos costos normativos y bajo desarrollo tecnológico.

Para el nuevo gobierno, esta no será solo una ley sectorial, sino una definición estratégica. La cuestión no es si Chile debe regular la IA —eso ya ocurre globalmente—, sino si esta regulación será parte de una política tecnológica o solo un marco de control sin ecosistema que la sostenga.

Joaquín Valenzuela

Guerrero Olivos