SEÑOR DIRECTOR:

Con más de siete años en el país y conociendo a fondo de la realidad migratoria, comento la nota sobre la carta abierta al Presidente Boric, la que expone una herida profunda en la gestión del Estado. El empadronamiento biométrico de más de 180 mil inmigrantes, que se presentaron voluntariamente ante la autoridad, y se autodenunciaron confiando en la institucionalidad, no puede quedar en una opacidad administrativa. Al menos no con el silencio de los ciudadanos. Se le debe recordar a los gobiernos sus facultades y responsabilidades. El orden y la seguridad son parte de ello.

Esta no es solo una crítica a un gobierno saliente; es una interpelación al Estado de Chile. La regularización a personas con arraigo laboral y familiar es una demanda que debe asumirse con autonomía. Es incomprensible que el crimen organizado trasnacional conlleve a las agendas de campañas electorales imponiendo una narrativa de expulsiones masivas que, en la práctica, son inviables.

Lo que muchos reconocen en privado debe sostenerse en público: la mayoría de esta población trabaja, cotiza a las AFP y aporta vitalidad demográfica, necesaria para un país que envejece.

La mejor forma de querer a Chile es preservando el gentilicio mediante el orden real y tangible, no el negacionismo. Dejar a miles de empadronados en un limbo, es dejar la soberanía a merced de los delincuentes. Después de haber llevado a cabo un proceso para que los extranjeros en situación irregular se presentaran ante la PDI y posteriormente ante el Servicio Nacional de Migraciones, es una falta a sí mismo, como Estado, desechar la información obtenida, ¿se justificó entonces el financiamiento de aquel proceso?

Guarequena Gutiérrez Silva

Académica de la Universidad del Alba