SEÑOR DIRECTOR:

El año pasado, 1.505 personas perdieron la vida a causa de los siniestros viales en Chile. Si hubiese estado operativa la fiscalización electrónica, la conocida Ley CATI, se podría haber reducido un 30% de estas muertes, lo que habría significado aproximadamente 452 vidas salvadas, que hoy lamentablemente ya no tenemos.

Es incomprensible que, a pesar de contar con la solución a la mano y sabiendo que una fiscalización efectiva representa el 70% de la estrategia para reducir la tasa de fallecidos y heridos en las vías, la administración saliente no haya decidido poner en marcha esta iniciativa, pese a que han pasado más de 33 meses desde su promulgación.

Es cierto que la instalación de radares pueda generar rechazo en ciertos sectores, pero la protección de la vida debe estar por encima de cualquier cálculo político o temor a la impopularidad. Esperamos que el gobierno de José Antonio Kast tome conciencia de este drama social y lo coloque como prioridad absoluta, porque la negligencia del Estado en esta materia ya ha cobrado suficientes vidas.

Carlos Larravide

Gerente general de Automóvil Club de Chile