SEÑOR DIRECTOR:

Ha transcurrido ya un año desde que el 8 de octubre 2024 el Presidente de la República ingresó al Parlamento el proyecto que propone un nuevo instrumento de financiamiento estudiantil para la educación superior (FES). Hace unas semanas fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y actualmente se encuentra para su discusión en el Senado. Quisiera destacar que en estas páginas, -el 16 de febrero 2025-, siendo rector de la UC y representando a la institución, luego de analizar en detalle la propuesta en la universidad y conversar con directivos de diversas universidades del país, manifesté mis serias aprensiones y críticas al proyecto.

Este análisis crítico se debió a que el FES presenta dos riesgos fundamentales, los que replico de manera textual a lo publicado en la mencionada carta. Por una parte “es un grave riesgo a la autonomía universitaria al quedar el financiamiento de la Educación Superior en manos de las decisiones del gobierno de turno y sujeto a los vaivenes económicos fiscales futuros”, y por otra, el proyecto “atenta y lesiona gravemente la sostenibilidad de las instituciones de Educación Superior al plantear la eliminación del copago de las familias de los deciles 7 a 9, quedando solo para el 10% de mayores ingresos”.

Se destaca que el proyecto aborde el problema de las deudas estudiantiles (CAE y otros créditos), el retiro de la banca privada del sistema y dé mayor flexibilidad en las condiciones de pago del crédito. Sin embargo, y también se mencionó “es vital cambiar el modelo de pago propuesto ya que el proyecto presenta un impuesto a los graduados. Se requiere un préstamo contingente al ingreso y restituir el sistema de becas y préstamos que el FES elimina”.

Hoy, se reitera que la propuesta es un grave deterioro financiero para las universidades, lo que haría inviable el desarrollo futuro del sistema universitario. Parece increíble que después de tantos meses, con una mayoría de opiniones desde el CRUCH, universidades privadas, centros de estudios y expertos, que han manifestado sus serias críticas al proyecto, se siga avanzando sin cambios significativos a la propuesta inicial del gobierno. Esto no puede continuar. Sin duda, el proyecto actual debe ser modificado de manera considerable, ya que en su formato actual va a significar un daño significativo al sistema de Educación Superior del país. A partir de ahora, el Senado tiene la palabra.

Ignacio Sánchez D.

Profesor titular y exrector, Pontificia Universidad Católica de Chile