SEÑOR DIRECTOR:

En la última década se ha complejizado el fenómeno delictual en Chile, aumentando la gravedad y violencia en los delitos de la mano de la criminalidad organizada vinculada especialmente al tráfico de drogas, lo que ha generado una sensación de inseguridad en la ciudadanía sin precedentes. Esta situación ha puesto en jaque la capacidad de persecución penal y de reacción del Ministerio Público y demás actores del sistema de enjuiciamiento criminal.

La reforma que hoy se discute en el parlamento acerca de Fortalecimiento del Ministerio Público destaca entre otros esfuerzos legislativos anteriores porque va acompañado de un presupuesto que la torna seria y realista. En los próximos cuatro años aumentará paulatinamente la dotación de fiscales en 205 y en 614 los funcionarios técnico-administrativos, lo que permitirá reorganizar el trabajo en las Fiscalías locales y regionales; fortalecer la respuesta en materia flagrancia e inyectar celeridad a las investigaciones y los procedimientos judiciales.

Pero esta reforma también se ocupa de temas de transparencia, victimología y probidad. Se crea un registro público de instrucciones del fiscal nacional, fiscal supraterritorial y fiscales regionales. Se fortalece la atención de víctima y testigos creando una División para estas finalidades, con especial enfoque en víctimas de delitos de connotación sexual. Se crea la Unidad de Integridad y Probidad Interna para pesquisar a tiempo y prevenir delitos de corrupción en el Ministerio Público.

Nuestra mirada es positiva para el proceso de transformación y modernización que a partir de esta reforma se implementará en el Ministerio Público, permitiéndole enfrentar más fortalecido la violencia delictual y a los nuevos modelos de criminalidad organizada.

Silvana Adaros

Académica Derecho UNAB