SEÑOR DIRECTOR:

El combate contra la violencia, el vandalismo y las incivilidades puede tener un objetivo loable. El Estado no debe permanecer indiferente frente a conductas que dañan los espacios públicos, afectan la convivencia o lesionan bienes comunes. Pero en una democracia constitucional la pregunta no es solo si esas conductas deben tener consecuencias, sino qué consecuencias, bajo qué reglas y con qué límites.

Hoy existen garantías constitucionales que nos protegen a todos. Una de ellas es la protección de los datos personales, reconocida en el artículo 19 N°4 de la Constitución y desarrollada por la Ley 21.719. Por eso, un registro de “vándalos e incivilidades” destinado a producir efectos sobre beneficios sociales debe examinarse con especial cuidado. La habilitación legal no es un cheque en blanco: el Estado debe respetar finalidad, proporcionalidad, exactitud y debido proceso.

El principal problema está en mezclar planos distintos. Una cosa son los delitos, sujetos a investigación penal, prueba y sentencia firme. Otra muy distinta son las faltas administrativas o incivilidades. No pueden tratarse como categorías equivalentes ni generar automáticamente las mismas consecuencias.

Más grave aún es usar esos antecedentes para afectar beneficios sociales. Resulta difícil justificar que una persona pierda prestaciones vinculadas a derechos constitucionales, como la seguridad social, por una incivilidad. Llevado al extremo, por un rayado un adulto mayor podría quedar en la vejez sin un beneficio básico para subsistir. Eso no es proporcional: puede transformarse en una condena al hambre.

El Estado debe sancionar, pero no puede convertir la protección social en una extensión del poder punitivo. La seguridad pública exige respuestas firmes, sí, pero también racionales y respetuosas de derechos.

Marcelo Drago Aguirre

Abogado