SEÑOR DIRECTOR:

Del caso SQM todas las instituciones debieran sacar lecciones. El costo del proceso significó un gasto superior a los 2 mil millones de pesos, según se ha informado. Con o sin razón, las principales críticas han recaído sobre la Fiscalía. Sin embargo, los fiscales no estaban solos representando al Estado. También estuvieron el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, con los costos que eso supone.

La intervención como querellantes de estos organismos estatales en sede penal no tiene justificación en la actualidad. Solo propicia una eventual desigualdad de armas e incluso sospechas de intervencionismo, allí donde el Estado ya se encuentra representado por la Fiscalía. A propósito del plazo razonable, el Estado habla a tres voces cuando ellos participan.

A partir de la reforma procesal penal, corresponde a la Fiscalía el ejercicio de la acción penal pública y la función de proteger intereses estatales no patrimoniales. Antes sí tenía sentido la intervención de otros organismos. Si a esto agregamos la amplia legitimación para otros querellantes particulares y las deficiencias en sede de admisibilidad, el sistema propicia la existencia de múltiples actores innecesariamente, favoreciendo demoras, complejidades y elevados costos para el Estado.

Sería oportuno evaluar reformas que no solo amplíen el control judicial sobre el mérito de las decisiones del Ministerio Público, sino también excluir o limitar drásticamente la intervención de múltiples querellantes en el proceso penal.

Fernando Santelices

Académico Facultad de Derecho UDP y UAI

Exfiscal del Ministerio Público