SEÑOR DIRECTOR:

Pablo Allard tiene razón en su reciente columna: los riesgos se convierten en desastres por decisiones sobre el territorio. En Copiapó, las obras financiadas tras el aluvión de 2015 evitaron el colapso; en La Serena-Coquimbo, esa inversión no llegó a tiempo. Prevenir sale más barato que reconstruir.

Por eso llama la atención que el 26 de marzo la Subsecretaría de Vivienda retirara de Contraloría el Decreto Supremo N° 11, que modifica la OGUC en materia de áreas de riesgo. Los planes reguladores ya definen áreas de riesgo según la amenaza; el decreto aportaba incorporar la vulnerabilidad como variable, cruzando ambas en seis categorías para distinguir zonas igualmente expuestas a un aluvión pero con capacidades de evacuación distintas. Esa distinción permite decidir dónde exigir estudios de mitigación y dónde no construir.

Se retiró con el argumento de que se necesita “un estudio más completo”. El problema no es el estudio, sino que no sabemos en qué va ni si volverá a ingresar. Para gestionar el riesgo no hay nada peor que la imprevisibilidad: la incertidumbre regulatoria es una forma de vulnerabilidad climática.

Allard acierta en el diagnóstico. Pero la resiliencia depende también de que el Estado sostenga las herramientas que ya construyó. Esa decisión, a diferencia del clima, depende de nosotros.

Vicente Burgos

Rumbo Colectivo