SEÑOR DIRECTOR:

Eliminar las contribuciones a la primera vivienda es una medida necesaria y justa en un país donde la vivienda no es un lujo, sino un derecho básico. Muchas familias, especialmente adultos mayores, ven cómo el costo de mantener su hogar se vuelve insostenible por este impuesto. Además, la contribución grava un bien que ya pagó impuestos al momento de su compra, lo que convierte este cobro en una forma de doble tributación que afecta a quienes han logrado acceder a su casa propia.

Las contribuciones, en sus orígenes, buscaron financiar a las municipalidades, pero hoy se transforman en una carga que castiga a la clase media y a nuestros mayores. En 2035, uno de cada cinco chilenos tendrá más de 65 años, muchos con pensiones insuficientes, pero obligados a seguir pagando este impuesto solo por el hecho de vivir en su propia vivienda.

Eliminar la contribución a la primera vivienda aliviaría a miles de familias sin afectar la solidaridad, pues las segundas propiedades, los bienes de inversión y las grandes fortunas seguirían aportando al financiamiento municipal.

Sin embargo, implementar este cambio requiere una política pública seria y de largo plazo que asegure recursos estables para los municipios mediante mecanismos progresivos y eficientes. No se trata solo de un alivio económico: es un acto de justicia y dignidad para quienes, la mayoría de las veces con un gran esfuerzo, han logrado adquirir una casa.

Pablo Müller

Académico Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile