SEÑOR DIRECTOR:

Desde su entrada vigencia, diversos actores han advertido los efectos de la ley que crea el Servicio de Protección de la Biodiversidad (SBAP) en actividades productivas. El debate pendiente en Chile es cómo dar certezas a los desarrolladores frente a las preferencias sociales sobre usos del territorio.

En los noventa se buscó resolverlo con planificación territorial y zonificación del borde costero, pero los instrumentos quedaron obsoletos. Luego se optó por la evaluación ambiental caso a caso, pero tampoco bastó: algunos sectores temían la captura del regulador por intereses económicos. Por ello, ciertos grupos impulsaron normas que prohibieron o dificultaron proyectos en áreas relevantes. Ejemplos: la ley Lafkenche (y sus abusos), la nueva ley del SBAP y la futura ley de Patrimonio.

El efecto ha sido consagrar legalmente ciertos usos —consuetudinarios, patrimoniales o de protección— como incompatibles con actividades productivas, sin prever consecuencias económicas ni medir su impacto social. Así, la preservación del medio ambiente, el patrimonio o las costumbres de pueblos originarios no admitiría un debate democrático sobre su compatibilidad con otras actividades.

Creemos esencial avanzar en instituciones que evalúen sistemáticamente los efectos de estas y otras políticas. La propuesta de crear una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, incluida por el entonces ministro Marcel en su agenda de modernización, sería útil para revisar leyes cuyas consecuencias hoy no medimos. Esperamos que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión para la Reducción del Gasto Fiscal, se retome en el Congreso.

Juan Francisco Galli B.

Director ejecutivo de Pivotes