SEÑOR DIRECTOR:

No cabe duda que las constantes filtraciones de parte de investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, supuestamente reservadas, generan una serie de problemas que deben ser resueltos, como afectar el principio de presunción de inocencia, al instalar en la opinión pública una percepción de culpabilidad anticipada; afecta las propias investigaciones y su eficacia, así como la imagen del Ministerio Público al no poder controlar ni detectar a quienes participan de estos actos y sus motivaciones para ello.

Por esto, es clave que el Ministerio Público adopte medidas en este sentido. Sin embargo, la decisión de la fiscal que investiga filtraciones de solicitar todas las llamadas de una serie de periodistas de diversos medios, sumado a la información de su ubicación concreta, durante dos años, parece, a lo menos, desproporcionada.

Esta petición del Ministerio Público puede implicar un amedrentamiento a periodistas que cumplen con su labor y, por tanto, un grave atentado a la libertad de prensa. Afortunadamente así lo consideraron los tribunales que, reiteradamente, negaron esta descabellada petición.

La prensa cumple un rol esencial en una democracia que se precie de tal. Ha sido un actor relevante en detectar y develar casos graves de corrupción en Chile como el “Milicogate”, el “Caso Audios” y tantos otros. Nuestro país ya ha sido testigo de cómo, en plena democracia, se intervienen de manera ilegal teléfonos de periodistas que investigan corrupción. Por eso, es fundamental que el Estado -a través de todas sus instituciones- garantice la independencia de la prensa y respete los límites institucionales, para que los medios sean un pilar que fortalece nuestra democracia y contribuyen a la lucha contra la corrupción.

María Jaraquemada

Abogada