SEÑOR DIRECTOR:

Entre septiembre y noviembre se intensifica el lobby por el presupuesto del año siguiente. Ministros, gremios empresariales, expertos y funcionarios públicos justifican por qué requieren más recursos. Los ministerios de Vivienda, Salud, Desarrollo Social, Seguridad, Trabajo y Educación enfrentan urgencias reales. ¿Cuáles deben priorizarse? Año a año, la respuesta depende más de la inercia de los presupuestos previos y de la fuerza de sus lobbies que de la evidencia por el mayor retorno social.

Cada ajuste, aunque parezca menor, mueve miles de millones de pesos. Por eso la pregunta decisiva no es cuánto recibe cada ministerio, sino cuál es el impacto que generan sus programas en la calidad de vida. Entregar una vivienda o garantizar atención médica tiene un beneficio evidente, pero en otras carteras el impacto no siempre es claro y, en algunos casos, las evaluaciones negativas de la Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social son contundentes. Este año, el Sence y los programas de educación quedaron en el centro del debate, a propósito de los malos resultados en empleabilidad y en la prueba PISA. Se anuncian cambios, pero la duda persiste: ¿se aprobarán las iniciativas que han demostrado impacto o veremos otro ajuste cosmético, como tantas veces?

Los programas sociales existen para quienes los reciben, no para quienes los administran. Si Ejecutivo y Legislativo no se toman en serio esta premisa básica, seguiremos lamentando resultados mediocres en indicadores de bienestar. Si el presupuesto 2027 vuelve a premiar la capacidad de presión, habremos perdido otra oportunidad. Esta es una ocasión valiosa para que el gobierno demuestre su compromiso de hacer las cosas de manera distinta y basadas en evidencia.

Rafael Rodríguez

Gte. general de Fundación San Carlos de Maipo