SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre modernización del Estado no puede quedar atrapada en reformas puntuales que, en diez años más, nos obliguen a comenzar de nuevo. Modernizar debe entenderse como un proceso continuo de adaptación institucional, con criterios de eficacia, eficiencia y orientación hacia la voluntad general. Se trata de dotar al Estado de procesos permanentes de transformación que den dinamismo a la función pública. En teoría las tenemos, pero en la práctica las recomendaciones se traban en los laberintos de los intereses políticos.

Luchar contra la burocracia no es la solución; mejorarla, sí. Entendida como el conjunto de instituciones, procesos y personas que sostienen el quehacer público, la burocracia necesita ser fortalecida, no desmantelada. Hoy la discusión tiende a agotarse en la famosa “permisología” y en reducir el personal. Pero desburocratizar no es sinónimo de modernizar. Optimizar procesos sin los debidos resguardos puede aumentar la ineficiencia. Tampoco reducir personal público equivale a modernizar; lo urgente es profesionalizar, reorganizar la carrera funcionaria en torno al mérito e idealmente avanzar hacia un cuerpo de alta administración pública. Si existe una academia diplomática, ¿por qué no una academia de alta gestión pública?

En lo inmediato, urge establecer una barrera firme contra la corrupción. La Contraloría tiene un rol clave, y su fortalecimiento debe considerar mayores atribuciones y recursos para fiscalizar con autonomía al Ejecutivo, sus órganos y los municipios, pero también a organizaciones sociales que administran fondos públicos. Es tiempo de discutir su gobernanza: pasar de un órgano unipersonal a uno colegiado de dedicación exclusiva y formación diversa, no sólo jurídica, permitiría una fiscalización más robusta y menos discrecional, incluso en lo interno. ¿Quién controla a la Contraloría? Vale la pena hacerse la pregunta antes de enfrentar escándalos internos.

En 2019, el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado propuso una reforma en este sentido. Hubo consenso políticamente transversal, pero una vez más, la inercia institucional prevaleció. Chile necesita un Estado que no reaccione, sino que anticipe. Y eso requiere coraje político para hacer reformas de verdad.

Daniel Grimaldi

Director ejecutivo de Chile 21