SEÑOR DIRECTOR:

Se ha despachado a ley el proyecto que “agiliza” los permisos sectoriales, consumándose con ello una regresión ambiental profunda en nuestro país. Lo que se presentó como modernización del Estado termina precarizando su función y reduciendo las herramientas para proteger el medio ambiente y los territorios.

La nueva ley permite que proyectos se inicien mediante avisos o declaraciones juradas firmadas por sus propios titulares, sin evaluación técnica previa ni acto administrativo formal (art. 5 y 9); establece el silencio administrativo como regla, si un servicio público no responde a tiempo, aprobará por omisión (art. 19 y 24); externaliza tareas clave a privados (art. 29–39); y congela la normativa aplicable por hasta ocho años, aunque cambien las condiciones climáticas o sociales (art. 76).

En vez de mejorar los tiempos de evaluación con más recursos o mejor gestión, se optó por debilitar controles y confiar en la buena fe de los interesados. Grave, en contexto de crisis climática, escasez hídrica y crecientes conflictos socioambientales.

De 137 diputadas y diputados, solo 27 votaron en contra y 17 se abstuvieron. El resto priorizó la velocidad de la inversión por sobre la sostenibilidad y el bien común, erosionando principios como prevención, participación, precaución y no regresión.

Esperemos que el requerimiento presentado por un grupo de diputados oficialistas ante el Tribunal Constitucional, el cual señala que algunos artículos transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sea acogido favorablemente.

Porque cuando la permisología se convierte en permisividad, retrocedemos como sociedad.

Claudia Soto Acuña

Geógrafa, Mg. en Planificación Territorial Rural