SEÑOR DIRECTOR:

El Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo reporte de las listas de espera. Se destacó la salida de más de 2 millones de personas de sus registros.

Siempre es una buena noticia, para cualquier paciente, ser atendido en tiempo y forma. Sin embargo, al mirar detalladamente lo informado se constatan enormes desafíos. Prácticamente 1 de cada 4 egresos fueron eliminados por vía administrativa, es decir, sin recibir la atención prometida. Y lo más preocupante: todavía persisten más de 3 millones de casos pendientes.

Así mismo, el tiempo de espera por un especialista se mantiene prácticamente igual que antes de la pandemia (249 vs. 242 días de mediana de espera, comparando sept. 2019 vs. sept. 2025). En el caso de las intervenciones quirúrgicas, aún no ha sido posible alcanzar esos resultados (255 vs. 264 días, en los mismos cortes).

Por otro lado, la cantidad de egresos por fallecimiento, tanto en consultas de especialidad como en cirugías, aumentaron con respecto a 2024. Las primeras pasaron de 33.959 a 35.023 y las segundas de 2.303 a 2.842. Casi 38 mil casos se extinguieron porque el Estado nunca realizó aquella prestación que comprometió.

También se evidenció un alza de cirugías suspendidas. Pasando de 22.930 a 24.440. La causal que más aumentó fue la explicada por el “equipo quirúrgico”, subiendo de 5.599 a 8.309 casos: un 48,4% más respecto al mismo periodo.

Por último, se destacó el cumplimiento del 97,3% de las atenciones GES, aunque ese índice prácticamente no ha variado en los últimos 5 años. Lo importante es la cantidad de personas con garantías de atención oportuna incumplida. Sólo bajó de 86 a 80 mil, un 7% en un año. Esta cifra sigue siendo más de 10 veces que la registrada en 2019. No olvidemos que, por ley, debería ser tendiente a cero.

Urge redoblar esfuerzos para ejecutar los cambios estructurales que apunten a resolver este problema crónico, que sólo se ha ido acrecentando a lo largo de los años y durante las distintas administraciones. Hay que transformar a los organismos prestadores estatales en entidades técnicas y no políticas, con los incentivos correctos para el manejo presupuestario y para el ejercicio de sus funcionarios, así como la entrega de información constantemente actualizada de índices de gestión a la opinión pública. Sea cual sea el futuro gobierno, debería echar mano a algunas de estas medidas —con amplio acuerdo técnico— para enfrentar el drama que sufren millones de compatriotas.

Jorge Acosta

Director ejecutivo, Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián