SEÑOR DIRECTOR:

El ministro Martín Arrau presentó ante el Senado el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026–2030, una hoja de ruta con 65 medidas organizadas en torno a tres ejes estratégicos: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. El plan es ambicioso en su diseño. La pregunta que corresponde hacerse, sin embargo, no es si la arquitectura es correcta —en general lo es—, sino si el Estado chileno es capaz de habitarla.

Los siete focos de gestión definidos por el ministerio van desde el control de calles y barrios hasta el combate al crimen organizado, pasando por la protección de fronteras y la persecución financiera del delito. Cada uno implica la acción simultánea y coordinada de instituciones con culturas, mandos y lógicas propias: Carabineros, PDI, Ministerio Público, Gendarmería, la inteligencia civil, los municipios y el propio Poder Legislativo. Allí reside el verdadero desafío.

Chile no tiene un problema de diagnóstico. Tiene un problema de coordinación. Los planes de seguridad se han sucedido unos a otros con regularidad, y el propio ministro Arrau reconoció que la estrategia está “bastante descrita en la literatura” y que el foco debe estar en recuperar experiencias pasadas y priorizar la gestión. Es una declaración honesta y, a la vez, reveladora: el cuello de botella no es la idea, sino la ejecución articulada.

El éxito del Plan Operativo no dependerá de cuántos proyectos de ley se aprueben ni de cuántos barrios se declaren prioritarios. Dependerá de si cada actor del sistema —policial, fiscal, penitenciario, municipal— es capaz de subordinar su agenda institucional a una meta común, medible y exigible. Eso requiere liderazgo político sostenido, mecanismos reales de rendición de cuentas y la voluntad de abandonar los caminos propios.

El ministro señaló que “la seguridad exige un cambio cultural”. Tiene razón. Y ese cambio debe comenzar dentro del propio Estado.

Felipe Harboe Bascuñán

Investigador CESCRO-USS