SEÑOR DIRECTOR:

Hace pocos días se dio a conocer la presentación de una reforma constitucional, suscrita por el diputado Gaspar Rivas, en orden a facultar al Presidente de la República el poder de disolución del Congreso Nacional. De acuerdo con las motivaciones del proyecto, los prejuicios ideológicos han boicoteado o desnaturalizado positivas iniciativas de diversos gobierno. Según lo propuesto, el Legislativo se vería forzado a aprobar ciertas políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo, so pena de convocar nuevas elecciones para conformar un nuevo Congreso.

Existe un vasto consenso de que los congresos o parlamentos son cuerpos institucionales esencialmente deliberativos. A su vez, suponen un contrapeso a la voluntad pura de quien encarne la figura del Ejecutivo: fiscalizan los actos de gobierno y colegislan. Ciertamente, existe un diagnóstico compartido sobre las debilidades de nuestro sistema político y la necesidad de corregir aquellos resortes institucionales que no facilitan la solidaridad institucional. Sin embargo, esta situación no debiese admitir la discusión de medidas extremas que enmudezcan la representación y alteren e nuestro ordenamiento institucional. Enhorabuena, parlamentarios de oficialismo y oposición manifestaron poco interés en la iniciativa. A correr el tupido velo.

Hernán Campos P.

Académico Ciencia Política UDP