SEÑOR DIRECTOR:

La publicación de La Tercera/Pulso sobre la querella de Bodegas San Francisco contra mí instala una tesis grave sin abordar el fondo: mis denuncias se sustentan en antecedentes oficiales, no en rumores ni en una campaña personal.

BSF pretende presentar como “chantaje” o “presión” lo que ha sido el ejercicio legítimo de derechos: solicitar información pública, denunciar ante autoridades, acudir a tribunales y poner en conocimiento de la opinión pública hechos de interés general. La empresa no enfrenta solo mis dichos, sino documentos públicos sobre obras sin permiso, recintos sin recepción definitiva, anexos irregulares y observaciones vinculadas a seguridad contra incendios donde trabajan miles de personas.

Ese era el hecho relevante. Sin embargo, el artículo amplificó la versión de BSF, basada en una querella unilateral y no resuelta, antes que examinar informes técnicos, decretos, actas de fiscalización y respuestas obtenidas por Ley de Transparencia. Convertir una imputación penal de parte en eje narrativo, sin igual contraste, no informa adecuadamente: desvía la atención del fondo.

Resulta preocupante que un medio reciba antecedentes oficiales sobre posibles irregularidades urbanísticas y de seguridad, pero termine reproduciendo la estrategia comunicacional de la empresa cuestionada. Lo relevante no es desacreditar a quien denuncia, sino verificar si aquello denunciado es cierto, quién fiscalizó, qué organismos lo constataron y qué riesgos existen para trabajadores y terceros.

La libertad de prensa exige investigar, contextualizar y distinguir entre imputaciones interesadas y hechos documentados. La ciudadanía merecía conocer los antecedentes oficiales que explican por qué este tema fue llevado a la luz pública.

Paula Andrea Behnke Germaney