SEÑOR DIRECTOR:

La reciente reforma para reducir la “permisología” en Chile es un avance limitado. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales deja fuera los puntos más críticos: la evaluación ambiental y las trabas del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Estos han sido señalados como fuentes de imprevisibilidad, judicialización y demoras arbitrarias que aumentan los costos de oportunidad para el país.

Mientras la pobreza alcanza un alarmante 22,3%, el desempleo crece y el crecimiento se estanca, surge la pregunta: ¿se han vuelto las excesivas trabas regulatorias, sin evaluación de su efectividad, un freno al desarrollo económico y social?

Un estudio reciente del CEP estima que el costo de la burocracia regulatoria en Chile equivale al 7,3% del PIB. Esta pérdida proviene de la subinversión y la mala asignación de capital, generando un “impuesto implícito” que penaliza la inversión, el crecimiento y el empleo.

Este exceso regulatorio no ha mostrado evidencias claras de efectividad ambiental o patrimonial. Por ejemplo, Santiago está entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. ¿Qué han logrado las regulaciones en este frente? ¿Quién evalúa el desempeño real del Ministerio del Medio Ambiente y del CMN en términos de impacto, eficiencia y cumplimiento?

Chile no puede seguir postergando proyectos de inversión estratégicos por un aparato regulatorio que se multiplica sin control ni evaluación. El progreso sustentable exige equilibrio entre protección ambiental y dinamismo económico. Pero sin inversión no hay empleo, ni innovación, ni solución real a la pobreza. Es hora de preguntarnos: ¿a quién rinde cuentas la “industria del permiso”? ¿Qué país queremos construir: Uno entrampado por organismos del Estado o uno comprometido armoniosamente con un desarrollo responsable y factible?

Rafael Aldunate

Presidente

Instituto Libertad