señor director:

En su primera semana, el presidente electo ha dado señales claras de sopesar la responsabilidad que le corresponderá a partir de marzo. Su discurso luego de conocer el resultado estuvo lejos del triunfalismo. Más bien, transmitió lo consciente que se encuentra de lo desafiante que es el futuro para su partido, para su sector político y especialmente para Chile.

El compromiso de establecer un gobierno de emergencia debe partir por hacerse cargo de las urgencias ciudadanas. Las esperanzas cifradas en la nueva administración son altas. La percepción de inseguridad de quienes habitan en nuestro país requiere de una intervención decidida que ataque directamente a quienes están detrás de la violencia causante del temor.

Algo similar ocurre con la economía. Cerca de un millón de personas que no han logrado conseguir un empleo en los últimos años y las mujeres que no ven oportunidades para poder compatibilizar sus proyectos de vida con tener un sustento económico, confían en que a partir de marzo su porvenir empiece a cambiar. La tarea no es fácil y las transformaciones no ocurren de un día para otro.

Pero las urgencias no pueden ser todo. Los problemas de Chile se vienen acumulando hace largo tiempo, y no nos hemos atrevido a enfrentarlos. Quizás por la virulencia que ha adoptado nuestro debate público o la dinámica tóxica de las redes sociales, las reformas estructurales capaces de habilitar soluciones no han estado en la discusión de los titulares de prensa. Por ejemplo, la Reforma del Estado (con mayúscula) es urgente y cada vez más necesaria. No solo para tener mejores servicios públicos sino, sobre todo, para sostener la confianza en la democracia y sus instituciones. Partamos por lo que sabemos falta: que quienes se desempeñan en el sector público tengan reglas claras de ingreso, permanencia y salida, y especialmente evaluaciones exigentes de desempeño. Algo parecido pasa con la inversión. Las reglas actuales le dan poder de veto a pequeños grupos de interés que aprovechan la evaluación de impacto ambiental, la Ley Lafkenche o las consultas indígenas para trabar proyectos y, muchas veces, obtener beneficios económicos. Es hora de poner en el centro a esos ciudadanos que al final, pagan los costos de esos proyectos que nunca se realizan.

La urgencia no es solo la emergencia, sino también las reformas que, hace ya tiempo, sabemos impostergables.

Juan Francisco Galli B.

Director ejecutivo de Pivotes