SEÑOR DIRECTOR:

Respecto a la nota publicada ayer por su medio sobre la nueva doctrina Valencia, que permite a ciertos funcionarios del Ministerio Público afiliarse a partidos políticos, es necesario advertir al menos tres riesgos institucionales.

Primero, esta medida puede afectar negativamente la credibilidad pública, erosionando la confianza ciudadana en la imparcialidad del Ministerio Público, especialmente en tiempos de alta sensibilidad política y creciente polarización. En segundo lugar, aunque la afiliación se limite a niveles inferiores, podría generar divisiones internas en una institución responsable de investigaciones sensibles, impactando negativamente el ambiente interno. Finalmente, existe el riesgo de transformar al Ministerio Público en un espacio susceptible a presiones o cuoteos políticos, con la consiguiente pérdida de autonomía institucional. Cuando a diario vemos casos de faltas a la probidad, donde la Fiscalía está involucrada en la investigación, es vital que todas las gestiones estén fuera de cualquier cuestionamiento.

Es fundamental determinar si esta modificación normativa fue deliberada por el Poder Legislativo o producto de una omisión inadvertida. En este último caso, sería recomendable una pronta revisión. Garantizar la independencia y autonomía de estas instituciones es esencial para todos.

Ignacio Imas Arenas

Gerente Asuntos Públicos en Imaginaccion