SEÑOR DIRECTOR:

El caso ProCultura ha puesto nuevamente en la agenda la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que estas últimas cumplen un rol esencial e insustituible para nuestra sociedad. Si miramos el número de organizaciones investigadas por posibles irregularidades en todo el país, estas no superan el 0,5% del total de organizaciones que hoy existen. Sin embargo, ha sido enorme el daño que los casos de corrupción han causado para toda la sociedad civil, sea por reglas que siguen siendo poco claras y por un ahogo burocrático que termina reduciendo el espacio cívico, o sea por el daño que los casos han producido en la confianza hacia el sector sin fines de lucro en sí. De forma directa e indirecta, el caso convenios terminó afectando a las personas más vulnerables del país.

Llama la atención que, a pesar de la indignación que este y otros casos generan, importantes proyectos de ley que podrían darle mayor probidad, transparencia y eficiencia a la relación Estado–sociedad civil, parecen varados en el Congreso. Hay al menos seis proyectos de ley de relevancia que se encuentran prácticamente en un punto muerto: el que crea un Sistema de Auditoría Interna de Gobierno; el de Registro de Beneficiarios Finales de personas jurídicas; el de Transparencia 2.0; el de Transferencias a Personas Jurídicas sin Fines de lucro; el de Integridad Municipal y el de Lobby.

Como miembros de la Comisión Asesora que ha sido invitada a entregar recomendaciones al Estado post caso convenios, nos permitimos tomar esta situación para invitar al Ejecutivo y al Congreso a renovar su compromiso tanto con la agenda de probidad, como con la agenda necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad civil en Chile. Eso implicaría i) procurar que administrativamente no sigamos haciendo más difícil aún el trabajo de la sociedad civil; y ii) que de una vez por todas se despachen las leyes necesarias contra la corrupción y en pro de la transparencia y probidad que son necesarias y urgentes. Lo peor que puede ocurrir después de estos casos de corrupción que se investigan es la inacción y dejar al país pagando los costos y la desconfianza en el funcionamiento de la sociedad civil. Para evitar eso, hacemos un llamado a materializar una agenda corta que permita salir de esta crisis, y dar la esperada señal que el Caso Convenios al menos dio el impulso a una agenda concreta de mejoras administrativas y legislativas.

Francisco Agüero, María Jaraquemada, Ramiro Mendoza, Ignacio Irarrázaval, Jeannette von Wolfersdorff