SEÑOR DIRECTOR:

Una de las funciones de la Agencia de Calidad de la Educación es ordenar a los establecimientos educacionales del país en cuatro categorías de desempeño: alto, medio, medio-bajo e insuficiente. Esta ordenación se realiza en base a estándares de aprendizaje e indicadores de desarrollo personal y social. Con esta información las familias pueden contar con antecedentes válidos y comparables sobre la calidad de la educación que reciben sus hijos. Por lo mismo, constituye una política esencial para el ejercicio del derecho a elegir un establecimiento en el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Sin embargo, producto de la pandemia, la última ordenación se realizó en 2018 y, hasta hoy, no se conocen nuevos resultados. Es preocupante que el país haya completado un nuevo año sin contar con esa información. En la práctica, las familias volvieron a postular al SAE con antecedentes generados hace siete años.

En momentos en que el país inicia un nuevo ciclo político, contar con datos actualizados sobre la calidad de la educación escolar no es opcional. Es una condición mínima para que las familias ejerzan su derecho a elegir y para que las políticas públicas se diseñen sobre evidencia y no sobre intuiciones o consignas.

Angélica Cepeda

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