El ministro de Hacienda ha destacado las medidas adoptadas para agilizar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que hasta la fecha se han logrado recaudar del orden de US$ 109 millones, cifra que resulta considerablemente superior a los US$ 23 millones que se recaudaron a lo largo de 2025. El secretario de Estado indicó que la expectativa del gobierno es conseguir una recaudación cercana a los US$ 200 millones durante este año, en tanto que para 2027 se espera alcanzar US$ 300 millones.

Son cifras que no dejan de sorprender, considerando la sostenida morosidad que ha venido presentando el CAE y que se ha acentuado en los últimos años. Así, lo que parecía un problema insoluble ha demostrado que puede ser revertido gracias a una buena gestión y, sobre todo, a la voluntad de la autoridad para hacer cumplir la ley y exigir que las deudas contraídas sean pagadas. Cabe recordar que hace unos meses, cuando la Tesorería decidió embargar las cuentas corrientes y otros activos financieros de aquellos morosos del CAE con altos ingresos, se produjo un vendaval de críticas -partiendo por el expresidente Gabriel Boric-, acusando al gobierno de insensibilidad y de atizar el malestar social. Fue sin duda una medida de especial complejidad, pero inevitable para efectos de transmitir con claridad a la sociedad que esta vez el Estado sí iba a utilizar los mecanismos con que cuenta para exigir el pago de las obligaciones, en especial cuando están involucrados recursos de todos los chilenos.

Es inevitable preguntarse cómo fue posible llegar a niveles tan altos de morosidad en materia de CAE. Por supuesto que en el fenómeno pueden haber incidido diversas variables, como por ejemplo dificultades para insertarse en la vida laboral, inestabilidad en el empleo, bajos ingresos o situaciones extremas, como fue el caso de la pandemia. Pero con seguridad el factor más incidente ha sido el fomento de la cultura del no pago de esta obligación, a la par de una dejación para efectos de activar los mecanismos de cobro. La condonación de las deudas del CAE y la eliminación de dicho mecanismo fue parte de las promesas de campaña del Presidente Boric, y aunque ello no pudo materializarse bastó para enviar una señal muy equívoca, donde dejar de pagar no tendría implicancias, por lo que no debería sorprender que fue bajo su administración donde se disparó la morosidad. Decidor es el antecedente de que el ministro de Hacienda haya recordado que el CAE “no estaba en las finanzas públicas (…) Eso no estaba en la Ley de Presupuestos, no estaba considerado en los ingresos”, reforzando que no había ninguna voluntad de cobrar dichas deudas.

El paso que se ha dado en activar los cobros del CAE -junto con ofrecer alternativas para la reprogramación- no solo es importante desde el punto de vista de las finanzas públicas, sino sobre todo porque va en la dirección correcta desde el punto de vista conductual, al reforzar la noción de que es importante cumplir con las obligaciones y no seguir fomentando la cultura del no pago. En Chile hay abundantes ejemplos de esta dejación, como lo vemos en las deudas por Tag, o el no pago del transporte público; de allí que es una buena señal que la autoridad dé muestras de su voluntad de no tolerar conductas irresponsables.