Como una forma de anticiparse a los riesgos que suponen los megaincendios, el gobierno envió en octubre de 2023 el proyecto de ley para regular la prevención de incendios forestales y rurales, conocido como “Ley de Incendios”. La iniciativa encontró renovado impulso cuatro meses después, con motivo de los devastadores siniestros que afectaron a la comuna de Viña del Mar y otras localidades de la Región de Valparaíso, y ahora último ha despertado interés producto de los incendios que han tenido lugar en la zona centro-sur.

Esta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero su discusión se entrampó en el Senado. Tras el cruce que se produjo entre el Ejecutivo y la Comisión de Hacienda del Senado por la demora en su tramitación, dicha comisión acaba de despachar a sala el proyecto, lo cual abre la expectativa de que esta legislación pueda ver pronto la luz.

El proyecto contempla una serie de aspectos mediante los cuales se intenta prevenir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales. Entre ellos, busca agilizar la incorporación de aquellas zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación territorial, como también establecer áreas de amortiguación, que contemplen cortafuegos o el manejo obligatorio de la vegetación. El futuro Servicio Nacional Forestal deberá realizar periódicamente diagnósticos para determinar los niveles de amenaza y vulnerabilidad en el territorio nacional. También se aumentan las sanciones para aquellos propietarios que no lleven a cabo los planes de prevención indicados por la autoridad.

El proyecto de ley también ha sido objeto de cuestionamientos; gremios del sector forestal han hecho ver, por ejemplo, que el proyecto no se hace cargo de la intencionalidad que hay detrás de los incendios, trasladando la carga de su ocurrencia a los propietarios y sin crear incentivos para estimular planes de manejo; parlamentarios también han hecho ver la insuficiencia de recursos para implementar la nueva normativa.

Aunque los actuales instrumentos de planificación territorial contemplan la identificación de zonas de riesgo, parece un hecho que se requieren instrumentos que identifiquen acuciosamente las zonas de interfaz urbano-rural, tomando en cuenta que cada vez es más frecuente que la expansión de ciudades o poblados entren en contacto con bosques u formaciones vegetacionales, y donde tiene lugar el 60% del total de incendios forestales, según datos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Esto, unido al cambio climático que en el caso de la zona centro-sur de Chile se ha traducido en un sostenido aumento de las temperaturas y una escasez de lluvias, crea un enorme riesgo y es lo que de hecho ha estado ocurriendo en los últimos años.

Los incendios de sexta generación -asociados a megaincendios-, que dejan sobre las 50 mil hectáreas destruidas y que se tornan en verdaderas “tormentas de fuego” se han hecho recurrentes en Chile, especialmente en la última década, y la evidencia sugiere que dicho riesgo se profundizará. Ello hace necesario un cambio de enfoque radical tanto en la forma de prevenir estos siniestros como en las capacidades para enfrentarlos. La Ley de Incendios es un paso en esa dirección, pero por sí misma no constituye una solución definitiva, pues se requiere que el Estado aborde estos riesgos con una mirada más integral.