El proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha sido más complejo de lo previsto inicialmente, cuando estos debutaron en el año 2017 en el marco de la ley que implementó la Nueva Educación Pública. Se previeron 70 SLEP, estableciéndose un plazo de ocho años para finalizar el traspaso de los establecimientos municipales a dichos organismos. Sin embargo, el plazo ha debido ser modificado en una serie de oportunidades, aplazándose hasta 2029. A la fecha solo se han puesto en marcha la mitad de los SLEP, donde 169 municipios han logrado traspasar sus colegios.

Dados los problemas detectados en los procesos de instalación, y ante la inminencia de los plazos -que hacen prever que no será posible completar los traspasos en el tiempo que resta-, el gobierno ha decidido enviar un proyecto de ley donde entre otras materias se flexibiliza el plazo de implementación de los SLEP hasta 2040, lo que además daría tiempo para cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la Ley 21.819 -que acaba de ser promulgada-, la cual fortalece la gestión educativa y mejora las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública.

La extensión de este plazo ha tomado por sorpresa a algunos expertos y parlamentarios, que no ven justificación para que la implementación tome tanto tiempo, alertando que de prolongarse hasta 2040 implicaría una instalación que tomaría más de dos décadas, lo que resultaría inaudito. Con todo, al observar una serie de antecedentes la flexibilización parece atendible, porque de continuar el proceso según el cronograma vigente, y sin que primero se corrijan una serie de aspectos, hay serios riesgos de que estos traspasos no puedan efectuarse en condiciones que aseguren su buen funcionamiento y que los alumnos reciban una mejor educación que la actual.

Una reciente exposición del director (s) de Educación Pública ante la Comisión de Educación del Senado reveló, entre otros aspectos, el enorme reto que implica enfrentar la sobredotación del sistema, así como el déficit estructural. Sobre lo primero, es un hecho que a medida que se acercaba la fecha del traspaso de los colegios al SLEP respectivo muchos municipios aumentaron fuertemente la dotación en los establecimientos, lo que se refleja en un aumento de 7% en docentes y 11% en asistentes de la educación en los últimos ocho años. Asimismo, la deuda previsional en términos nominales alcanza a $70 mil millones, en tanto que hay una deuda flotante de unos $49 mil millones, a lo que se añade una persistente caída en la matrícula.

Es correcto el predicamento de que lo que importa es asegurar que el proceso se pueda hacer bien antes que aparecer cumpliendo con un calendario. Parece pertinente por lo mismo hacer una pausa para revisar lo que no ha estado funcionando bien en los SLEP, corregir y luego seguir con el resto de la implementación, donde es clave velar por la sostenibilidad financiera y asegurar que se brinde una mejor educación que bajo el sistema municipal, un asunto que aún es motivo de debate. También es importante que el Ministerio entregue mayores antecedentes que permitan justificar que el proceso se pueda extender hasta por casi 14 años más.