Los casos que se han conocido recientemente relacionados con personal del Ejército y la Fuerza Aérea (FACh) vinculado con presuntas actividades de narcotráfico justificadamente han causado preocupación, ante la posibilidad de que el crimen organizado también se esté infiltrando en las Fuerzas Armadas.

En el caso del Ejército, seis suboficiales -quienes fueron dados de baja y se encuentran en prisión preventiva- aparecen implicados en el tráfico de un cargamento de cocaína desde una unidad militar ubicada en la Región de Tarapacá hacia Santiago, cargamento que fue avaluado en unos $3 mil millones. De acuerdo con antecedentes entregados por la Fiscalía, esta banda venía operando desde el año pasado. Recientemente la institución también fue golpeada por un nuevo caso de robo de armamento desde un regimiento.

En el caso de la Fuerza Aérea, el intento por transportar una maleta que contenía cuatro kilos de droga en un vuelo de Iquique a Santiago dejó a cinco funcionarios detenidos, todos dados de baja. El hecho de que se trate de ketamina hace presumir que detrás de ello habría una red de narcotráfico.

La pregunta que inevitablemente surge es si las instituciones armadas podrían estar permeadas por el narcotráfico. Parece desmedida una afirmación de este tipo, considerando que estos casos fueron detectados por los controles internos de ambas instituciones, sin que haya antecedentes que den cuenta de algo estructural. Con todo, es un hecho que estas situaciones encienden luces de alerta, porque prueban que el narcotráfico buscará por todos los medios infiltrar las instituciones. Todo esto demuestra la importancia de que las instituciones a cargo de la defensa y seguridad del país deben actuar a tiempo y redoblar sus esfuerzos para controlar lo que sucede al interior de sus dependencias, particularmente en zonas con alta prevalencia de tráfico de drogas, como ocurre precisamente en el norte del país.

Si bien la batería de medidas que anunció el Ministerio de Defensa en orden a reforzar los controles internos y hacer rotaciones de personal en la zona van en la dirección correcta, sorprende que el propio gobierno haya abierto una inconveniente controversia en relación con las instrucciones que el Presidente de la República habría impartido al comandante en jefe de la FACh en relación con la investigación judicial abierta respecto de los cinco funcionarios -la cual inicialmente quedó en manos de la Fiscalía de Aviación-, mostrando una preocupante improvisación en una materia donde se espera que el Estado muestre plena solvencia y evite señales equívocas.

El origen del problema se produjo porque el ministro de Seguridad indicó que el jefe de Estado había “instruido” a la FACh entregar al Ministerio Público los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, lo que para algunos dio a entender una intervención directa del Mandatario para que el caso pasara a la justicia civil. La ministra de Defensa luego salió al paso de esta versión, desestimando una instrucción. Posteriormente el Mandatario explicó que sus dichos se referían a que resultaba “imperativo” que se entregaran los antecedentes a la Fiscalía de Tarapacá, porque allí se está llevando una investigación más amplia.

La intervención del Mandatario fue en cualquier caso desacertada, porque no queda claro el sentido de sus instrucciones -sobre todo porque una contienda de competencia debe ser resuelta en sede judicial-, dejando la inconveniente impresión de que podría desconfiar de la justicia militar o desacreditándola de antemano.