A pesar de que el objetivo de contar con un sistema de sala cuna universal es ampliamente compartido por todos los sectores políticos, la tramitación del proyecto de ley respectivo se ha entrampado súbitamente, lo que ha ocasionado un público enfrentamiento entre el gobierno y sectores de oposición. El propio Presidente de la República acusó a la UDI de obstaculizar que el proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado, acusando que hubo “maniobras dilatorias”. Desde la colectividad respondieron que tal como está se trata de un “mal proyecto” -según la tienda gremialista, encarece los costos laborales y además hay dudas sobre su sostenibilidad fiscal, entre otros factores-, asegurando que la iniciativa será corregida y aprobada por el próximo gobierno. El Presidente electo José Antonio Kast ya había puesto en duda que el proyecto se apruebe durante esta administración, pues antes era necesario estar seguro de que se contaba con los recursos fiscales suficientes.

No cabe duda de que luego de conocerse que el déficit fiscal de 2025 ha sido mucho peor de lo que se había anticipado, se hace más difícil abordar cualquier agenda legislativa que comprometa fondos públicos. También es un hecho que el gobierno tuvo tiempo para haber empujado este proyecto con más antelación, evitando el riesgo de tener que legislar bajo presión, como inevitablemente ocurre cuando ello se hace en las últimas semanas de legislatura.

Con todo, los aspectos medulares en relación con este proyecto no parecen insalvables, pues hay una serie de consensos técnicos que se han alcanzado con el gobierno por la vía de las indicaciones, dentro de los cuales se ha abordado su costo fiscal, el cual parece manejable. En efecto, para efectos de financiar el fondo especial que se creará para solventar el beneficio, el Estado aportará el 15%, lo que en régimen implicaría del orden de US$ 46 millones, mientras que el resto será financiado por aportes provenientes de las empresas, correspondiendo a una cotización de 0,2% por cada trabajador, en tanto que un 0,1% será redireccionado desde el seguro de cesantía. Una comisión técnica será la encargada de determinar el monto efectivo a transferir, que tendrá en cuenta diferencias geográficas.

El proyecto elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna, equiparando el derecho entre hombres y mujeres, e incluyendo a trabajadores independientes, trabajadoras de casa particular y personas con cuidado judicial de menores de dos años. Dado que aumentará fuertemente el número de beneficiarios, es importante asegurar que habrá suficiente oferta de salas cunas. Había dudas de que fuera posible, pues la propuesta original establece que aquellas salas cunas con fines de lucro no podrían ser elegibles más allá de 2034 en la medida que mantuvieran el lucro; se había alcanzado un acuerdo con el gobierno para que el aporte del fondo a la sala cuna no constituya financiamiento regular del Estado, permitiendo que aquellas que cuenten con reconocimiento oficial mantengan sus fines de lucro y puedan continuar. Esta y otras indicaciones no lograron ser conocidas en la Comisión de Educación, por lo que sería importante retomarlas en marzo, cuidando de no agregar aspectos que se alejen del objetivo central de este proyecto.