Restando apenas cinco meses para las elecciones generales, el gobierno y el Congreso aún no se ponen de acuerdo respecto de quiénes serán multados en caso de que no sufraguen, como tampoco el monto que se aplicará. El principal punto de la discordia tiene que ver con el tratamiento de los extranjeros, pues a juicio del gobierno solo deberían votar en elecciones generales aquellos que tengan la ciudadanía chilena, una visión que también es compartida en sectores oficialistas. Otros sectores estiman que se deberían aplicar las normas generales para todo el padrón electoral, de modo que chilenos y extranjeros con derecho a voto queden sometidos a las mismas reglas, es decir, obligatoriedad y multa en caso de no votar, que ha sido la regla aplicada en comicios de los últimos años.

En el Senado se aprobó un proyecto de ley que establece una multa que se aplicará a todos los electores, pero no ha logrado avanzar en la Cámara y el Ejecutivo tampoco ha mostrado disposición para darle urgencia. En principio se habría encontrado una vía de escape, que es decantarse por el proyecto presentado hace algunos años por la diputada Joanna Pérez, el cual establece una multa de entre media y tres UTM, pero solo para los ciudadanos, dejando en los hechos fuera de dicha sanción a los extranjeros avecindados, quienes igualmente podrán seguir ejerciendo su derecho a voto. El plan es que dicha iniciativa sea sometida a votación el próximo lunes, pero volvería a comisiones por indicaciones.

La Constitución es mandatoria en cuanto a que una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán ante el incumplimiento de votar, y cabría haber esperado que dicha materia hubiese sido zanjada de manera definitiva hace tiempo. Sin embargo, en los últimos procesos electorales ha sido una y otra vez materia de controversia, precisamente por las diferencias que existen en el tratamiento que se dará a los extranjeros.

La solución que en principio se busca ahora -aunar criterios en torno al proyecto de la diputada Pérez- establece una discriminación, pues solo considera multa a quienes tengan la condición de ciudadanos. Sin embargo, es válido preguntarse la pertinencia de hacer una diferenciación de este tipo. Más allá de que a nivel de constitucionalistas hay un debate si acaso al tenor de las actuales normas constitucionales el voto de los extranjeros con más de cinco años de avecindamiento es voluntario o no, lo cierto es que chilenos y extranjeros avecindados deben cumplir por igual con las mismas obligaciones que supone vivir en Chile, pero sin embargo en materia electoral se pretende establecer un beneficio en favor de los extranjeros, como es eximirlos de multa en caso de no votar, algo que solo parece encontrar una motivación política, lo que ciertamente contamina de manera muy inconveniente esta discusión.

Es válido que se abra un debate acerca de los derechos en materia electoral de los extranjeros, lo cual debe ser analizado en el marco de una eventual reforma de las normas constitucionales, pero ello no puede pasar por quitar caprichosamente una multa y establecer con ello una discriminación que desvirtúa el principio de ser tratados todos por igual. En estas circunstancias, un mejor camino sería no innovar en estos criterios en la antesala de una elección, y dar este debate sin la presión que impone un período electoral.