Si bien el proyecto de ley que acaba de presentar el gobierno sobre reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social contiene un sinnúmero de disposiciones, ha llamado profundamente la atención que incluya un artículo que en los hechos permite la difusión de contenidos protegidos por el derecho de autor sin pago a sus titulares. Así, el artículo en cuestión agrega en la Ley de Propiedad Intelectual que “es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.

El ministro de Hacienda ha justificado la inclusión de este artículo con el objeto de fomentar que Chile sea elegible para hacer inversión en “minería de datos” destinada a inteligencia artificial deslocalizada, lo que entonces sería consistente con un proyecto que busca reactivar la economía.

Lo cierto es que, más allá de los propósitos reactivadores, sorprende que el Ejecutivo haya incorporado esta disposición, en circunstancias que una norma de idéntica redacción fue introducida en el proyecto de ley que envió el gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre regulación de sistemas de inteligencia artificial, y que el año pasado fue rechazada en la Cámara de Diputados, pues tal disposición precisamente abría la puerta para que empresas del mundo digital pudieran usufructuar de contenidos generados por otros sin pago de derechos. Hasta el momento el Ejecutivo no ha dado una buena explicación que justifique haber repuesto tal cual esta disposición a pesar de las fundadas objeciones que transversalmente ya había despertado, y que hoy se han vuelto a reactivar.

La Asociación Nacional de la Prensa, por ejemplo, ha hecho ver que en la práctica esta redacción habilita que los sistemas de inteligencia artificial, incluidos los de inteligencia artificial generativa desarrollados por grandes empresas tecnológicas globales, utilicen el contenido producido por los medios de comunicación chilenos sin autorización, sin licencia y sin compensación alguna, con lo cual se erosiona la base económica que sostiene la inversión en periodismo profesional, verificado y de calidad. La Asociación Nacional de Televisión, la Asociación de Radiodifusores de Chile y la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales también han alertado sobre los riesgos de consentir la difusión de contenidos sin el pago de los derechos que corresponden.

Ahora que el proyecto de ley está en una etapa temprana, todavía es tiempo de que el Ejecutivo rectifique y retire una norma que claramente no despierta consenso y cuyos efectos son muy complejos. El propio senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ha recomendado postergar para más adelante la discusión de esta materia, algo que claramente exige un mayor cuidado y entendimiento de las autoridades sobre lo que está en juego.