Recientes incidentes con uso de armas al interior de los colegios -el caso ciertamente más impactante ocurrió hace solo un par de semanas, cuando tres estudiantes fueron heridos mediante disparos en un establecimiento de San Pedro de la Paz; a su vez, cada cierto tiempo se reportan casos de apuñalamientos- ha reactivado el debate sobre las medidas de seguridad que cabría implementar, donde el uso de pórticos en la entrada que detecten el porte de armas blancas o de fuego podría ser parte de las alternativas.

Debatir acerca de estas medidas de seguridad no se trata de algo antojadizo. Es un hecho que los casos de violencia escolar se han multiplicado peligrosamente en los últimos años, con frecuentes riñas entre alumnos -o entre los propios apoderados, lo que da cuenta que este clima de mayor agresividad proviene muchas veces de los propios hogares- que en varias oportunidades han terminado en trágicas consecuencias. También han aumentado las denuncias de amenazas o agresiones a profesores, todo lo cual no solo va generando un grave deterioro en la convivencia al interior de las comunidades escolares, sino que además supone un grave impacto sobre la salud mental de los alumnos y desde luego también en su rendimiento académico. En este contexto, las denuncias por porte ilegal de armas al interior de los colegios aumentaron a nivel nacional en cerca de 400% entre 2014 y 2024, lo que indica que la posibilidad de ser víctima de un ataque con algún tipo de arma ha aumentado significativamente.

Parecería de toda lógica que frente a esta realidad, la autoridad se empeñara en entregar distintas herramientas a las comunidades educativas para prevenir hechos de violencia, donde los dispositivos de seguridad como los detectores de armas podrían ser parte de ello. Sin embargo, su uso ha sido tajantemente rechazado por parte de la Superintendencia de Educación, la cual de hecho ha abierto procesos sancionatorios en contra de los pocos colegios que han decidido dar este paso. La Defensoría de la Niñez también ha desaconsejado su uso, en tanto que el ministro de Educación, si bien a raíz de los sucesos de San Pedro de la Paz se abrió a debatir el tema, su reticencia es bien conocida.

La Superintendencia ha señalado en sus resoluciones que la instalación de estos dispositivos puede generar una sensación de vigilancia y control que afecta la dignidad y privacidad de los estudiantes, especialmente en la revisión de pertenencias, y ha insistido en la relevancia de implementar estrategias integrales en la prevención de la violencia escolar. La entidad también ha hecho ver que las restricciones de derechos sobre todo en caso de niñas, niños y adolescentes deben estar autorizadas por una norma legal. Dictámenes de la Contraloría han indicado a su vez que la inspección de mochilas solo corresponde a personal policial. El ministro de Educación, por su parte, ha insistido en que los pórticos para controlar armas no contribuyen a la solución del problema de fondo.

Sorprenden estos argumentos, porque además de desafiar el sentido común en algunos casos, buscan presentar como incompatibles una serie de garantías constitucionales con determinadas medidas de seguridad que también persiguen asegurar derechos fundamentales de las personas, y que bien implementadas no deberían implicar detrimentos de derechos ni vejaciones. Esto sobre todo se hace necesario en zonas controladas por bandas narco o con altos niveles de delincuencia, donde es esperable una mayor circulación de armas.

No cabe duda de que el uso de estos pórticos no está pensado como una solución de fondo al problema de la violencia, sino que eso corresponde a una tarea que le cabe asumir a la sociedad y a los organismos del Estado. En ese orden de cosas, el control de armas en los colegios probablemente debería ser la última de las alternativas, no la primera -así ocurre, por lo demás, al revisar la experiencia internacional, y en Chile los casos siguen siendo excepcionales-, entre otras razones porque sin duda para muchos alumnos puede constituir una experiencia emocional fuerte comenzar su jornada con una revisión, además de los posibles problemas logísticos, como asegurar el suficiente personal que lleve a cabo esta tarea sin que se retrase el inicio de la jornada escolar. El punto es que cuando el propio Estado ha sido incapaz de controlar de manera más efectiva la violencia y el porte ilegal de armas, y en un ambiente donde existe una potencial amenaza a la integridad de la comunidad escolar, no se prive de antemano a las comunidades de contar con estos elementos si sus estamentos coinciden en que de esa forma podrían estar más seguros.

Además, insistir en el argumento de que “no es la solución de fondo” resulta totalmente incongruente en la forma como el propio Estado se comporta, donde no trepida en imponer una serie de exigencias a los ciudadanos a pesar de que ellas no apuntan a resolver el “problema de fondo” en una serie de materias que afectan a la sociedad. Basta pensar, por ejemplo, en la reciente obligación de grabar las patentes en los vidrios de los automóviles; la exigencia de usar cinturón de seguridad, el uso de casco en el caso de motos o bicicletas, o los chalecos reflectantes cuando se trata de automovilistas. Ninguna de esas medidas por sí misma contendrá la delincuencia o disminuirá los accidentes de tránsito, pero el Estado igualmente las exige como medidas complementarias. ¿Por qué en el caso de los colegios, en cambio, se invierte caprichosamente el razonamiento y se esgrime la inutilidad de los pórticos por no apuntar al “problema de fondo”?

En este debate ciertamente deben estar a la vista los derechos y garantías de los alumnos, pero al consagrarlos como valores absolutos se corre el riesgo de profundizar los problemas. En el país hay experiencias que han demostrado que es posible armonizar los distintos derechos en juego. El Colegio Salesiano de Valparaíso fue multado por la Superintendencia de Educación por instalar pórticos para controlar alumnos de primero a cuarto medio, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso revirtió la sanción en 2023. Para ello la Corte argumentó que el protocolo del colegio indica que los funcionarios no abrirán ni bolsos ni mochilas, por lo que no se afecta la honra ni la vida privada de los alumnos; y en caso de que se detecte algo, los alumnos voluntariamente deberán mostrar lo que llevan en sus mochilas, y si se niegan, tendrá que concurrir su apoderado. En caso de que aun así el alumno no quiera, el apoderado deberá llevarse la mochila y el estudiante podrá ingresar al establecimiento.

La Corte estableció que bajo determinadas circunstancias es correcto que los derechos y garantías constitucionales puedan ser restringidos bajo determinadas circunstancias para proteger otros derechos o garantías fundamentales.

Estas consideraciones ilustran que este debate no puede caer en las simplificaciones que ha pretendido la autoridad, ni dejarse llevar por pulsiones ideológicas. La violencia escolar requiere ser abordada integralmente, y junto con aquellas políticas que apunten a las causas de fondo, deben considerarse opciones para proteger a las comunidades.