La ley que acaba de entrar en vigor en Australia y que restringe el acceso a redes sociales a los menores de 16 años -quienes no podrán abrir o mantener una cuenta ya vigente, ni siquiera con el consentimiento de sus padres- se instala como una de las legislaciones más estrictas en su tipo a nivel mundial, y probablemente será un modelo que mirarán de cerca varios de los países que hoy estudian implementar restricciones similares.

Las redes sociales son hoy parte fundamental de la vida diaria de las personas -se estima que a nivel mundial hay del orden de 5.200 millones de cuentas activas, mientras que en el caso de Chile la cantidad supera las 15 millones-, donde la mayoría de los usuarios las utiliza para buscar información, mantenerse en contacto con amigos o familiares y estar al tanto de noticias y eventos, además de muchos otros usos, generando un nivel de interconexión y acceso a información sin precedentes en la historia. Pero junto con estas enormes ventajas, las redes sociales también presentan una dimensión muy compleja, pues a través de ellas se esparce desinformación, mensajes de odio, pornografía, venta de sustancias ilícitas y generación de contenidos destinados a manipular audiencias.

Es un hecho que si este tipo de contenidos ya son perjudiciales para los adultos, en el caso de los menores de edad sus efectos pueden ser aún más dañinos. Pese a que varias redes sociales establecen los 14 años como edad mínima para abrir una cuenta, es razonable preguntarse si en esa fase tan temprana de la vida, cuando los adolescentes aún están en pleno proceso formativo y no gozan de pleno discernimiento, tal límite de edad constituye un resguardo suficiente frente a este cúmulo de contenidos perniciosos.

Al respecto, es interesante analizar los criterios que Australia tuvo a la vista para establecer esta nueva legislación. Un estudio encargado por el gobierno determinó que el 96% de los niños entre 10 y 15 años utilizan redes sociales, en tanto que 7 de cada 10 han estado expuestos a contenidos dañinos, como mensajes de carácter misógino, violencia, inducción a trastornos alimenticios o incluso el suicidio. El problema se ve agravado porque el propio diseño de las redes sociales, que les incita a pasar más tiempo en la pantalla gracias a sofisticados algoritmos que retroalimentan el consumo de estos u otros contenidos, puede generar adicción a la pantalla y exponerlos mucho más tiempo a mensajes que pueden dañar la salud mental y el bienestar de los adolescentes, lo que forjó la convicción de introducir resguardos más estrictos, cuyo cumplimiento se hará recaer en las empresas -las que frente a incumplimientos de verificación de edad quedarán sujetas a multas de hasta varios millones de dólares- y no en las familias.

Existe también evidencia que muestra una estrecha relación entre uso de redes sociales y síntomas depresivos y ansiosos, especialmente en aquellos adolescentes que usan intensamente las redes. Baja autoestima -ante determinados patrones de perfección masculina o femenina, o bien por la posibilidad de ser objeto de acoso o bullying- y relaciones sociales deterioradas son otros efectos que se han podido establecer. Sobre esto último, la adolescencia es una etapa de la vida fundamental para aprender a forjar lazos sociales y cultivar amistades, de modo que el ensimismamiento en las pantallas aumenta el riesgo de dejar de socializar o resentir el insustituible contacto personal, como asimismo disminuir el tiempo para actividades recreativas o deportivas.

Las encuestas en Australia muestran que sobre el 70% de la población apoya estas nuevas restricciones, si bien la medida también ha abierto a su vez controversia, pues hay quienes argumentan que esto no garantiza que los adolescentes puedan migrar hacia otras plataformas que no tienen ningún tipo de restricción de acceso ni control de contenidos, y ponen en duda que los mecanismos de verificación de edad puedan ser realmente efectivos. Otras organizaciones también han hecho ver que esto vulnera el derecho a la libre expresión y crea “burbujas” que dan una falsa sensación de protección.

Al mirar la experiencia internacional, en España ya existe un proyecto en tramitación parlamentaria para también elevar la edad mínima de apertura de una cuenta en redes sociales a 16 años -actualmente es 14 años-; Dinamarca también avanza en una legislación similar, aunque el límite lo establecería en 15 años, permitiendo que con expresa autorización de los padres la edad baje a 13 años. En Francia, en tanto, se acaba de presentar un proyecto de ley para fijar un límite de 15 años, así como establecer una suerte de toque de queda digital nocturno hasta los 18 años, período en que no podrán acceder a redes sociales. En el caso de Estados Unidos, el gobernador de Florida firmó una ley que prohíbe a quienes aún no cumplen 14 años acceder a redes sociales, mientras que los adolescentes entre 14 y 15 años que quieran abrir una cuenta deberán contar con el consentimiento de sus padres. La medida ha sido objeto de una dura batalla legal, pues un juez federal admitió que podría comprometerse el derecho a la libre expresión, y tras una apelación se ha permitido que la ley comience a regir, a la espera de que se zanjen los aspectos de fondo.

No cabe duda de que este tipo de legislaciones revisten fuertes complejidades -desde luego hay dificultades objetivas para poder verificar con exactitud la edad de los usuarios, como asimismo el dilema de la libertad de expresión versus hasta dónde se le da poder al Estado para limitarla-, pero ello no debería ser pretexto para evitar que Chile comience a mirar estas experiencias y evalúe la posibilidad de introducir sus propios resguardos. Un estudio de Ipsos a nivel internacional (“Monitor de la educación 2025”) reveló que en el caso de nuestro país un 75% de los encuestados estuvo de acuerdo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, principalmente por sus efectos sobre la salud mental. El hecho de que los niños cada vez acceden a un teléfono móvil a edades más tempranas -se ha estimado entre los siete y diez años-, y ante el antecedente de que alrededor de un 55% de los niños y adolescentes chilenos tendría cuenta en redes sociales, justifica abrir este debate en el país. Chile ya dio un paso en esa dirección luego de que aprobara la ley que restringe el uso de teléfonos celulares en los colegios, lo que ha sido bien valorado porque va en la línea de evitar el exceso de distracciones, limitar la sobreexposición a redes sociales y fomentar la socialización.

En el Congreso ya se han presentado algunas iniciativas que van en esta dirección, como la que ingresaron en enero de este año un grupo de diputados, que fija en 14 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales, la cual podría ser un punto de partida para abrir esta discusión. Ciertamente que una ley no puede pretender sustituir el rol formativo de los padres ni de los colegios, pero contar con un marco legal que establezca límites objetivos y sanciones frente a incumplimientos podría ayudar a reforzar esta tarea de control.