El primer Informe de Finanzas Públicas del actual gobierno estaba previsto que fuera dado a conocer el pasado 12 de mayo, pero fue postergado para el miércoles 20, lo que tampoco ocurrió, estableciéndose el lunes 25 como la nueva fecha para ello. Entre las razones que se han esgrimido para estas postergaciones figuran el hecho de que el ministro de Hacienda tuvo que ausentarse del país para asistir al Chile Day, como asimismo la circunstancia de que esta semana se tramitó en la Cámara de Diputados el proyecto de reconstrucción nacional.

Diversos economistas así como parlamentarios han manifestado su extrañeza -en algunos casos también su preocupación- por estas postergaciones, donde las explicaciones que ha entregado la autoridad no han resultado demasiado convincentes. Aunque a primera vista podría parecer sin mayor trascendencia que este documento sea postergado algunos días, lo cierto es que se trata de un hecho que sí reviste implicancias, porque desde luego no fortalece nuestra institucionalidad fiscal que las obligaciones contempladas en la normativa comiencen a relativizarse sin que existan fundamentos claros para ello.

La obligación de entregar un informe trimestral por parte de la Dirección de Presupuestos -entidad que depende del Ministerio de Hacienda- está consagrada en la ley, y aunque la norma no establece plazos perentorios para ello, se asume que cuando la autoridad ya se ha comprometido con una fecha esta se cumpla en tiempo y forma. El Informe de Finanzas Públicas es de hecho un insumo muy relevante, porque es allí donde el Ejecutivo traza la trayectoria que prevé en materia de ingresos, gastos y balance fiscal, lo que permite conocer el estado de las finanzas públicas y lo que se espera para los próximos años. La importancia de contar con dicha información oportunamente se hacía aún más necesaria con ocasión del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de reconstrucción, donde uno de los elementos centrales de la discusión precisamente tiene que ver con el impacto fiscal de las medidas allí contenidas, ante lo cual es evidente que habría sido útil contar con las últimas cifras y proyecciones disponibles, para una mejor comprensión de lo que se estaba votando.

Ciertamente que las débiles explicaciones de la autoridad han dado pie para las especulaciones, donde hay quienes sospechan que la verdadera razón para aplazar el informe -que posiblemente contendrá números preocupantes, lo que no haría más que confirmar el debilitado estado en que el gobierno anterior dejó las finanzas públicas- fue no predisponer aún más el ánimo de los diputados y asegurar los votos. Es evidente que el solo hecho de que se dé pie a especular que la institucionalidad fiscal pueda estar siendo modificada en función del debate político no es saludable, y si en realidad las razones para la dilación son las que ha indicado la autoridad, tampoco es una buena señal que se incumplan los plazos que el propio gobierno estableció. Cabe esperar entonces que a partir de este episodio se hayan internalizado las lecciones y se comprenda la importancia de cuidar la institucionalidad, preservando la tradición de cumplir con los cronogramas establecidos para la entrega de información pública.