El gobierno ha enviado un proyecto de ley complementario para reformar el sistema político, el cual se tramitará en forma paralela a la iniciativa que ya despachó el Senado -consistente en una reforma constitucional- y que ahora se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entre otros aspectos, el proyecto del Ejecutivo busca endurecer los requisitos para constituir partidos políticos, al establecer que estos deberán ser constituidos al menos en ocho regiones contiguas o no contiguas, como también aumentar al doble el número de firmas para la conformación de colectividades.

El intento del gobierno llega justo cuando la tramitación en la Cámara Baja se ha visto entrampada; tal como reconoció el presidente de la Comisión de Constitución, esta “se va poniendo más difícil mientras más van pasando los días”, sin que se haya podido cumplir el compromiso de despachar dicha reforma a fines de junio.

Es muy probable que ahora que el Partido Comunista ha encontrado nuevos aires, luego de que su candidata presidencial terminara como abanderada del oficialismo, la presión por torpedear esta iniciativa se incremente, considerando que el PC ha sido un férreo detractor de esta reforma, al igual que varios otros partidos, que ven amenazada su supervivencia de aprobarse el umbral de 5% que busca incorporar la reforma constitucional de los senadores.

No cabe duda de que es necesario cambiar los requisitos para constituir partidos, los que al ser poco exigentes han terminado en el absurdo de que en Chile existan 23 partidos constituidos, en tanto que hay algunos más en proceso de formación ante el Servel. En ello incidió la reforma de 2015 para terminar con el sistema binominal y fortalecer la representatividad del Congreso Nacional, que entre otros aspectos redujo las exigencias para formar partidos, a lo que se suma el generoso financiamiento que los partidos reciben del Estado.

Con todo, es evidente que esta medida no apunta al problema central de nuestro sistema político, particularmente en lo referido a la atomización de partidos, al considerar que 17 colectividades tienen actualmente representación en la Cámara de Diputados. En un ambiente ya de suyo polarizado, esta enorme dispersión de fuerzas hace aún más difícil poder llegar a acuerdos políticos en el Congreso. De allí que la reforma propuesta por el Senado, si bien por sí misma no corregirá todos los males de nuestro sistema político, es un punto de partida concreto, porque cuando menos permitiría racionalizar el número de partidos políticos y tender a su agrupación, de modo de comenzar a transitar hacia un modelo construido a partir de colectividades más grandes, reflejando mejor las distintas sensibilidades que hay en el país.

Resulta ciertamente decepcionante la señal que está enviando la Cámara de Diputadas y Diputados así como el propio gobierno, que al colocar todo tipo de cortapisas o plantear propuestas que no apuntan al corazón del problema dejan la impresión de estar recurriendo a maniobras dilatorias para evitar asumir los costos políticos de esta reforma. Con ello solo pierde el país, pues son varias las voces que han alertado que, sin cambios de fondo en el sistema político, la calidad de nuestra democracia seguirá empeorando.