Han transcurrido más de cuatro meses desde que el puente Lo Saldes -una vía crucial que conecta principalmente el tráfico de las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura, en la ciudad de Santiago- tuvo que ser parcialmente cerrado, luego de que se desprendiera una losa y se detectara una falla en una de sus vigas exteriores, algo que naturalmente tornaba peligroso el tránsito y obligaba a una reparación urgente, la que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Como era de imaginar, el cierre parcial del puente ha ocasionado un trastorno de proporciones, particularmente por los extensos tacos que se generan sobre todo en horario punta, así como por la congestión de calles aledañas, extendiendo los tiempos de desplazamiento al menos en 20 minutos. Todo esto por supuesto ha provocado una justificada exasperación de los automovilistas, así como de los alcaldes de los municipios comprometidos, quienes reclaman por la falta de inicio de las obras.

De acuerdo con las estimaciones que el MOP formuló en febrero, las obras se iniciarían durante marzo, pero inexplicablemente ello no ha ocurrido, y de acuerdo con las últimas informaciones que ha proporcionado la autoridad, los trabajos -que serán ejecutados por la Dirección General de Concesiones- recién podrían comenzar durante el mes de julio, sin que exista todavía un cronograma definido, según pudo recabar este medio.

Esta situación ciertamente no tiene presentación, y una vez más está dejando en evidencia las falencias que presenta el Estado para cumplir con sus obligaciones, donde las ineptitudes o la falta de servicio sencillamente no son compensadas de ninguna manera, de modo que en la práctica la ciudadanía no tiene cómo hacer efectivas estas responsabilidades. La situación probablemente sería muy distinta si dichas obras estuviesen a cargo de algún concesionario, donde seguramente las autoridades no solo habrían sido durísimas a la hora de formular reproches, sino que habrían ejecutado las multas respectivas con prontitud, como correspondería ante una prolongada falta de servicio sin justificación.

No se asimilan las consecuencias que algo así tiene para la ciudad de Santiago. Esta indolencia no toma en cuenta el contrasentido que significa por una parte haber echado andar todo un programa de concesión de nueva infraestructura vial -que para el caso de Santiago se ha traducido en una moderna red de autopistas urbanas que deben ser financiada por los peajes que pagan los usuarios-, con el hecho de que estos avances se puedan ver súbitamente alterados por la responsabilidad que le cabe al Estado. Esto en nada ayuda a la imagen de la ciudad, y por supuesto hace recaer íntegramente los costos en los usuarios.

Lo que ahora cabe esperar es que la autoridad no siga abusando de la paciencia de los santiaguinos y defina cuanto antes un plan de obras con fechas concretas y sus respectivos planes de mitigación vial. Si bien se trata de un puente que fue construido en los años 70 con otras tecnologías, su reparación no debería constituir un desafío mayúsculo, en la medida que exista voluntad para ello.