El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, indicador elaborado por Transparencia Internacional, ha dibujado un escenario sombrío para el escenario mundial, pues una de sus conclusiones es que la corrupción continúa siendo una amenaza en todas partes del mundo, si bien algunos países han logrado ciertos niveles de avance en el combate a este flagelo. El estudio, que evalúa la percepción que existe sobre el sector público, y que mide a un total de 182 países y territorios, muestra que el indicador -estructurado sobre la base de un puntaje que va de 0 a 100, donde cero equivale a “altamente corrupto”, y 100 “muy limpio”- alcanzó a nivel global un nuevo mínimo, ubicándose en apenas 42 puntos, en tanto que dos tercios de los países medidos se ubican bajo los 50 puntos. Desde 2012 solo 31 países han logrado reducir significativamente sus niveles de corrupción, mientras que el resto o bien ha fallado en esta lucha o ha caído en el estancamiento.

En este contexto, Chile no aparece tan desfavorecido en la medición 2025. Al alcanzar 63 puntos en el indicador -lo mismo que en la versión anterior-, se ubica en el lugar 31 en el ranking global, con similar puntaje que Corea del Sur, y a solo algunos escalones de países como Francia y Estados Unidos. Dentro del contexto latinoamericano, el rendimiento de Chile es destacable, pues el promedio de la región se ubica en 42 puntos. Hay casos significativos como Uruguay (lugar 17), pero también ejemplos devastadores, considerando que entre los diez países más corruptos dos son de América Latina: Venezuela, en el lugar 180, y Nicaragua, en la posición 175.

Con todo, el hecho de que dentro del contexto latinoamericano Chile luzca razonablemente bien, no debe hacer perder de vista que el país ha dejado de mostrar avances relevantes en contra de la corrupción, mostrando un preocupante estancamiento. En ese orden de cosas, cabe recordar que el país exhibió su mejor rendimiento en 2014, con 73 puntos, para luego comenzar un descenso hasta llegar a los 66 puntos en 2016, manteniéndose en valores similares hasta 2023, para luego marcar un descenso y volver a estancarse.

Cuando se trata del combate a la corrupción, el costo de no tomar medidas a tiempo puede resultar altísimo para la población, no solo porque es evidente que en aquellos países más corruptos la calidad de vida se resiente significativamente -particularmente para la población socioeconómicamente más vulnerable-, sino además porque la propia democracia se vuelve más frágil en la medida que hay instituciones cooptadas o deja de regir el imperio de la ley.

En los últimos años nuestro país ha sido sacudido por graves escándalos de corrupción. Lo hemos visto, por ejemplo, en lo relativo a las fundaciones y los líos de platas, pero también en los incontables municipios que enfrentan procesos por usos irregulares de recursos. Desde luego el solo hecho que el Poder Judicial aparezca involucrado en casos sumamente preocupantes -con varios jueces destituidos por haber comprometido su independencia, incluso con denuncias de posible venta de fallos- o el que decenas de gendarmes aparezcan comprados por el crimen organizado no hacen más que ilustrar la urgencia de redoblar los esfuerzos por combatir la corrupción e impedir que esta siga expandiéndose.