Los incidentes que se acaban de producir en la frontera norte con motivo del agolpamiento de migrantes en situación irregular que buscaron cruzar a Perú -aparentemente impulsados ante el temor de que en un eventual gobierno de José Antonio Kast puedan ser objeto de algún tipo de coerción- deben ser observados con especial atención por ambas candidaturas presidenciales, porque si bien se trató de un grupo relativamente pequeño de personas, fue suficiente para ilustrar la enorme complejidad que puede llegar a representar el manejo migratorio, pudiendo incluso afectar la relación con los países vecinos.

El gobierno de Perú, de hecho, se vio en la necesidad de dictar un estado de emergencia en la frontera -el que se mantendrá por espacio de dos meses- y así militarizar ciertos pasos fronterizos con Chile, todo ello para impedir el ingreso de personas indocumentadas, en este caso mayoritariamente de nacionalidad venezolana. Las tensiones incluso motivaron a que el Presidente peruano, José Jerí, se trasladara hasta Tacna, lo que no ocurrió en el caso de Chile -el Presidente Gabriel Boric optó por no viajar al norte y delegar el manejo de la situación en ministros-, lo que le valió una serie de críticas desde la oposición.

De momento ambos gobiernos han logrado contener sus efectos mediante el establecimiento de un comité binacional de cooperación migratoria, pero ello no debe hacer perder de vista que si con apenas un centenar de personas la situación estuvo a punto de tornarse inmanejable, basta imaginar lo que podría ocurrir ante la posibilidad de que súbitamente miles lleguen a la frontera y queden varados en la zona, sin posibilidad de cruzar a Perú o a Bolivia. En ese sentido, el incidente en la zona norte constituye un baño de realidad, porque de algún modo es una suerte de anticipo de lo que se avecina en materia migratoria, que será de mucha complejidad, donde es posible que comencemos a ver más episodios de este tipo, con el agravante de que ha quedado a la vista que no contamos con las capacidades para manejar en forma eficiente afluencias masivas en la frontera; a su vez, permite tomar conciencia de que varias de las propuestas que se han hecho en materia migratoria podrían terminar chocando con la realidad, especialmente si no hay cómo reconducir a migrantes irregulares a través de los países vecinos.

No parece exagerado aventurar que el mayor problema que enfrentará el futuro gobierno en materia migratoria no es tanto cómo blindar nuestra frontera -ello sin duda es clave, pero de hecho ya se ha avanzado con la reforma que permitió desplegar tropas en el marco de la infraestructura crítica-, sino precisamente cómo manejar los más de 330 mil extranjeros en situación irregular, lo que implica preguntarse si habrá o no nuevos procesos de regularización, y cómo el Estado asegurará que las deportaciones o los flujos de quienes voluntariamente quieran abandonar el país se podrán manejar sin que se genere un caos.

El tema migratorio ha sido sin duda uno de los ejes que ha cruzado esta campaña presidencial, donde las distintas candidaturas -con mayor o menor intensidad- han desplegado una serie de medidas tendientes a un mayor control de la frontera -algunos incluso han planteado que esta debería cerrarse- como también a endurecer las deportaciones, especialmente de aquellos que han cometido delitos. A la luz de la experiencia recientemente vivida las candidaturas deberían tomar nota de ello y no solo procurar ser muy realistas en lo que proponen, sino asumir que el asunto migratorio será muy complejo de manejar, ante lo cual deben asegurarse de que cuentan con los diagnósticos y las políticas correctas.

Por de pronto, es importante cuidar la forma en que se van haciendo los anuncios, donde el ir dando señales de cómo cambiará la política migratoria no debería confundirse con generar una especie de psicosis colectiva -mucho menos cuando los países vecinos tienen bloqueadas sus fronteras-, porque con ello aumenta la posibilidad de generar situaciones caóticas como las que acabamos de experimentar. Esto de hecho ya sucedió en 2023, donde anuncios del gobierno en cuanto a un endurecimiento de la política migratoria también generaron flujos abruptos hacia la frontera norte, provocando una serie de trastornos.

Otro aspecto que resulta central es aterrizar las expectativas en materia de deportaciones. Sin duda estas se materializan a un ritmo muy lento -hacia fines del año pasado se habían acumulado del orden de 30 mil decretos de expulsión, pero solo se concretaron poco más de 600-, de modo que lograr una mayor agilidad en estos procesos debería ser un objetivo primordial del nuevo gobierno, pero para ello no basta con la sola voluntad o revisar el marco normativo, porque al no contar con la posibilidad de reconducir a través de países vecinos, y sin que se restablezcan los vínculos diplomáticos con Venezuela, la tarea sin duda se hace cuesta arriba. De allí que más que comprometerse con una determinada cifra de deportaciones, lo razonable es asumir que cualquier fórmula en la que se piense depende críticamente de que se alcance algún tipo de acuerdo regional, que facilite el traslado entre países para que los migrantes que quieran retornar a sus lugares de origen puedan hacerlo. Es decepcionante que ninguno de los principales organismos regionales parece estar encabezando esta tarea, de modo que Chile no puede seguir esperando y debería tomar la iniciativa para iniciar conversaciones directas con los distintos gobiernos.

Dado que ambas candidaturas se han comprometido con políticas migratorias más estrictas, deben ponerse en el escenario de que en las fronteras se podrían agolpar migrantes que buscan salir de Chile y no lo consiguen, ante lo que resulta pertinente preguntarse, por ejemplo, si se van a crear albergues, centros de tránsito u otro tipo de medidas que aún no han sido discutidas. El debate presidencial de Anatel debería ser la instancia para profundizar en estos temas.