Irán nuevamente está en el foco de la atención mundial, luego de que el 28 de diciembre comenzaran en el Gran Bazar de Teherán protestas de comerciantes como una señal de la molestia existente ante la grave crisis económica que vive ese país y que rápidamente se extendieran a sus 31 provincias. Estas movilizaciones se transformaron en un movimiento de dimensiones sin precedentes desde que en 1979 asumió el poder el régimen de los ayatolas, y que ha derivado hacia un cuestionamiento directo al gobierno en demanda de cambios.

Esto supera con creces lo ocurrido en 2009 por acusaciones de fraude electoral y las manifestaciones que tuvieron lugar en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial tras ser detenida por no usar el velo correctamente, pero también evidencia la faceta más autoritaria del gobierno teocrático dada la brutalidad con que en esta oportunidad ha sido reprimida la población por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica y la policía iraní, contabilizándose miles de manifestantes fallecidos -algunas versiones cifran en más de 3 mil el total de víctimas fatales- y sobre 18 mil detenidos, números en todo caso variables atendidas las dificultades de comunicación con el exterior, dado que el régimen bloqueó el servicio de internet como forma de desactivar las protestas.

Aunque, según las autoridades estadounidenses, la represión habría disminuido y las ejecuciones estarían temporalmente suspendidas, estos hechos no pueden pasarse por alto y exigen una respuesta firme de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dejado claro que “todas las opciones están sobre la mesa” si no cesan las matanzas, una advertencia que, a la luz de la operación militar de la administración Trump en Venezuela, debería ser tomada en serio por el régimen iraní. No obstante, es fundamental evaluar cuidadosamente las alternativas para evitar consecuencias que puedan agravar aún más la situación, especialmente en una región ya de por sí volátil, con efectos no solo sobre la población, sino también en el precio internacional del petróleo.

La efervescencia social producto de las duras condiciones económicas que enfrenta el país -una inflación del 42,2% anual, una devaluación del rial frente al dólar del 69% y el aumento del precio de los productos básicos, incluido el combustible-, agravadas por el desgaste derivado de las sanciones internacionales y los costos que Irán debió afrontar por los conflictos con Estados Unidos e Israel, han puesto al régimen iraní en una situación de alta vulnerabilidad, la que podría ser aprovechada por la comunidad internacional para presionar por una serie de cambios tanto en el plano interno como externo.

Desde luego, puede ser la oportunidad para que Teherán se allane a negociar acuerdos como el relativo a su programa nuclear, que si logra cristalizar en compromisos concretos no solo permitiría aliviar gradualmente las sanciones impuestas y con ello acercarse a los mercados internacionales formales -especialmente en lo que se refiere al petróleo-, sino que además sería un avance importante para la estabilidad regional.