La decisión del gobierno, anunciada el lunes pasado por el ministro de Hacienda en una serie de entrevistas concedidas a los principales canales de televisión, de modificar los parámetros del Mecanismos de Estabilización de los Precios de los Combustibles, Mepco, llevó esta semana a que las bencinas registraran un alza histórica, la mayor en 46 años. El precio de la gasolina de 93 octanos se incrementó en $ 370 y el diésel en $ 580, elevando su valor total promedio a $ 1.550 y $ 1.500 respectivamente. Las razones del gobierno cuentan con un claro sustento técnico. El Mepco fue creado en 2014, en la ley 20.765, como un instrumento para atenuar las alzas o bajas bruscas del valor de los combustibles a través de la variación en la tasa del impuesto específico. Así, si estos experimentaban un fuerte aumento, el alza se compensaba con una reducción del tributo asociado y si la situación era la inversa, el peso del impuesto aumentaba.

Frente al actual panorama generado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y el virtual cierre del estrecho de Ormuz -por donde pasa cerca del 20% del crudo que se comercia a nivel mundial-, que ha llevado el precio del petróleo a más de US$ 100 el barril en promedio, mantener el sistema de estabilización en los términos en que estaba operando implicaba un costo excesivo para las arcas fiscales, según precisó el ministro. De acuerdo al cálculo del titular de Hacienda, el costo semanal del Mepco, sin el ajuste realizado, llegaría a US$ 140 millones, recursos dijo que servirían, por ejemplo, para terminar con las listas de espera del cáncer. En el actual escenario de estrechez de las finanzas públicas, con una situación fiscal deteriorada, mantener el mecanismo como estaba, para atenuar un alza de las bencinas de un 30% en las últimas tres semanas y de un 60% en el caso del diésel, representaba para el país, según la evaluación del gobierno, más costos que beneficios.

Así, el Ejecutivo optó por traspasar a los consumidores de una sola vez una parte importante del alza en el costo del petróleo, modificando la forma en que se calcula el precio de paridad al que se ajusta el mecanismo, con lo que se reduce el subsidio necesario para atenuar las alzas. El precio que históricamente se calculaba tomando el promedio de las últimas dos semanas, desde ahora lo hará tomando las últimas cuatro semanas. Con ello, las estimaciones son que, si el valor del crudo se mantiene alto, a futuro las alzas estarán en torno a los $50 o $60 y no a los $30 como era en el pasado, en el caso más extremo. Para compensar parcialmente los efectos del fuerte aumento del precio, se optó, además, por entregar compensaciones a algunos sectores más afectados, como un bono a los taxistas y colectiveros, el congelamiento hasta fin de año el precio del transporte público y una rebaja a la parafina durante los meses de invierno a $ 1.000.

Si bien la medida se basa en una incuestionable racionalidad técnica -la estrechez de las finanzas públicas y el inédito shock externo en los precios del petróleo dificulta seguir subsidiando el precio de los combustibles-, tendrá inevitables consecuencias tanto a nivel político como económico y social. Ningún alza de un producto esencial para la mayoría de los hogares es inofensiva, más aún cuando tiene un efecto en cadena en la economía, afectando el valor de otros productos y servicios. Ello es aún más evidente cuando se trata de un alza brusca que genera un shock en la economía. Se calcula que el IPC, por ejemplo, aumentará en cerca de 1 punto porcentual en abril a causa de la medida, con la consecuente repercusión en las cuentas indexadas a la UF. Así, la medida trae aparejado una destrucción de valor en la economía. Por eso, si bien era inevitable responder a la crisis, más aún considerando la crítica situación fiscal, existían las herramientas para que el ajuste se hubiera realizado de manera más gradual.

El Mepco ofrece opciones para hacer una corrección de precios más contenida, lo que habría generado igualmente un alza en el valor de los combustibles, pero sin necesidad de llegar a los niveles alcanzados con los cambios aplicados por el gobierno. La magnitud de esa alza, por ejemplo, se podría haber ajustado en un punto intermedio. Es cierto que la evolución futura del precio del petróleo dependerá del tiempo que dure el conflicto y la demora en recuperar la capacidad productiva destruida en la zona. Sin embargo, un monitoreo constante de parte de la autoridad permitiría ir respondiendo al desarrollo de los acontecimientos, sin necesidad de aplicar un shock de precios inmediato como el que se llevó a cabo. Ello sin contar con los costos que la decisión puede tener, tanto a nivel de apoyo ciudadano como en la gestión política del gobierno para sacar adelante proyectos esenciales para la reactivación económica, como la rebaja del impuesto corporativo, que permitiría recuperar la competitividad tributaria del país.